El 7 de diciembre se levantaba la cautelar de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 161 de la Ley de Medios que obliga a los grupos privados mediáticos, como Clarín, a reducir sus inversiones en el espacio radioeléctrico (radio, TV, internet) donde ejercen una situación de monopolio. Pero las maniobras de Clarín y de otros sectores del gran capital para impedir la plena aplicación de la Ley de Medios continuaban febrilmente en el momento de cerrar la edición de nuestra prensa, y no se descarta que nuevas presiones judiciales de Clarín retrasen la entrada en vigor del artículo 161.
Es por ello que, más allá de las declaraciones de la Autoridad Federal de Servicios Comunicacionales (AFSCA) de que actuará de oficio a partir del 7D, debemos insistir en que la mejor garantía para obligar al aparato judicial a acelerar las demandas del AFSCA y presionar al grupo Clarín para que desista de seguir torpedeando la ley debe ser la movilización popular continuada, con marchas y actos de masas bien organizados en todo el país.
¿Hasta dónde podemos llegar?
Más allá de estas contingencias, para no albergar ilusiones, ni equivocaciones, conviene preguntase siempre qué y cuánto es esperable (y posible) con una Ley que, bajo la lógica capitalista, pretende ofrecer cobertura a todo el espectro social en plena la lucha de clases. Eso es imposible. Lo posible es que algunos cuerpos de leyes posean cierto espíritu democrático y que, por eso, ciertas líneas de su lógica tengan carácter progresista, abran debates inéditos y establezcan posibilidades de avance… sólo hasta el límite de su definición de clase y de sus intereses. Es el caso de la llamada “Ley de Medios” o “Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales”.
En el contexto de sus límites, y aprovechando las oportunidades que ofrece, bien pudiéramos proponer una lista de temas para profundizar en los problemas comprendidos por la “Ley de Medios”.
1) La maquinaria de guerra ideológica del capitalismo, especialmente sus medios de comunicación, es un frente con capacidad de daño severo que ha probado una y otra vez su poder golpista. Nosotros necesitamos un frente de lucha contra los dispositivos ideológicos del capitalismo especialmente su parafernalia publicitaria y noticiosa que hoy, entre histerias consumistas y mentiras, constituyen amenazas serias. Y además tenemos que analizar la urgencia de modificar todo el régimen de propiedad de los medios para ponerlos bajo control obrero y popular y así, verdaderamente, democratizar la comunicación. Es preciso profundizar el carácter anti-monopólico de la Ley, no sólo en lo referido al grupo Clarín sino a otros grupos privados, “amigos” o no, y asegurar que no superen el umbral del 33% que tienen asignado en el espacio radioeléctrico, para que no se filtren en el 33% asignado a las asociaciones sin fines de lucro, grupos que sí lo son.
2) Es de importancia superlativa garantizar que la multiplicación de voces no incurra en la repetición de las mismas ideas alienantes que hoy desbordan los espectros comunicacionales. Urge un modelo para el diseño de las “agendas”, los temas, los contenidos… basado en los paradigmas de la lucha de clases y en los temas que de ella derivan. En los géneros narrativos urge alentar el tratamiento de las luchas de los trabajadores en todos los campos, desde las fábricas hasta las ciencias, pasando por las artes y las tecnologías.
3) Urge un modelo de Formación capaz de superar el modelo que reina en las academias burguesas y donde la servidumbre a la mercancía es baluarte ideológico que transita con impudicia. Deben propiciarse transformaciones hondas en los paradigmas comunicacionales, en las metodologías de interlocución y en los objetivos movilizadores que deben sustituir a los objetivos consumidores.
4) Debatir el problema de la “equidad comunicacional” en un sistema político y económico donde se permite que la mayor parte de la riqueza se concentre en un 20% de la población es ilógico. La mayoría de la población, especialmente la clase trabajadora, que no ha tenido voz en los espacios mediáticos, constituye en realidad lo único nuevo que puede aparecer en el mapa de la comunicación que esperamos, pero ¿cómo se garantiza?
5) La participación activa y crítica de los destinatarios debe ser garantizada de maneras múltiples. Las organizaciones populares deben contar con instancias sistematizadas para garantizar su poder de intervención en el proceso comunicacional en igualdad de condiciones tanto para la asignación de licencias nuevas como para el desmontaje de los dispositivos temáticos, además de contar con metodología, organizativa, para el trabajo crítico, para el seguimiento y aplicación de los aportes provenientes de los destinatarios.
Esto implica rechazar las condiciones económicas injustas que se plantean, como exigir un aporte de capital excesivo para optar a una concesión de radio o TV, que dejaría afuera a muchas organizaciones sociales representativas que carecen de recursos. Además, debe ser el Estado quien proporcione los medios materiales (imprentas, papel, equipos de radiodifusión, oficinas, etc.) que requieran estas organizaciones sociales representativas sin fines de lucro para producir información. Y el criterio de selección para asignar un espacio y su cobertura (nacional, provincial, regional o local) debe ser la representatividad real de esas organizaciones, verificada en número de miembros y asociados, impacto social y alcance de sus actividades, etc. frente al criterio económico de la ley de hacer una selección administrativa con quienes puedan pagar el pliego sin mirar si representan a un colectivo extenso o a un pequeño grupo con mucha plata.
La Ley abre oportunidades de trabajo magníficas que, lógicamente, no serán resueltas sólo con Leyes pero que, hoy por hoy, son aportes referenciales que orientan el debate en más de un sentido. Aun con sus limitaciones no vamos a desaprovechar las oportunidades que abre la Ley y, más aun, parece ser una hora excepcional para “Ir por más”, siempre.
