Los dirigentes sindicales españoles han convocado una huelga general de 24 horas contra la reforma laboral del Gobierno para este jueves 29 de marzo.
Ya el domingo 11 de marzo, 1,5 millones de personas marcharon de nuevo en unas 60 ciudades de todo el país en manifestaciones sindicales muy combativas, como lo hicieron el pasado 29 de febrero. El Gobierno y los medios de comunicación derechistas reaccionaron histéricamente al denunciar la huelga como “anti-patriótica”.
El motivo inmediato de la huelga es la contra-reforma de la legislación laboral aprobada por el Gobierno derechista del Partido Popular. El punto principal de esta “reforma” es abaratar el despido de los trabajadores por parte de los empresarios, pero además representa un ataque a las condiciones de trabajo, a la negociación colectiva y los derechos laborales, etc.
Como explicamos en un artículo anterior, esta “reforma” da un número de pasos adelante muy graves para dar a los empresarios el derecho de contratar y despedir a voluntad, mediante la reducción de pago de la indemnización por despido, alargando el período de prueba durante el que los trabajadores no tienen derechos laborales, eliminando la necesidad de autorización del Gobierno y de la aprobación del sindicato para los despidos temporales, etc. La “reforma” también permite a cualquier empresa que haya tenido tres trimestres consecutivos de reducción de sus ganancias y pérdidas reales o previstas, a despedir a trabajadores con causa justificada, lo que en efecto significa que casi todas las empresas en España tienen ahora la posibilidad de despedir a los trabajadores legalmente “por razones económicas” con un nivel drásticamente reducido de pagos por indemnización.
Las medidas aprobadas por el decreto del 11 de febrero también atentan gravemente contra los acuerdos de negociación colectiva a nivel nacional en las mismas líneas que reformas o propuestas similares aplicadas en Grecia y Portugal. El decreto hace más fácil para los empresarios cambiar unilateralmente las horas de trabajo, las condiciones, la ubicación de los trabajadores, la estructura salarial, etc. La reforma también elimina la protección adicional que tenían los trabajadores del sector público contra los despidos.
De hecho, es el asalto más grave contra los derechos sindicales y de empleo desde la caída de la dictadura franquista. Esto es lo que la clase capitalista está demandando como una manera de salir de la crisis, que en España es particularmente aguda. Los dirigentes sindicales fueron tomados completamente por sorpresa. Ellos hicieron repetidos llamamientos para que el Gobierno negociara, y se resistieron en un primer momento a la enorme presión desde abajo a favor de la convocatoria de una huelga general de 24 horas. Ninguna de las concesiones que habían hecho en relación con la moderación salarial suavizó al Gobierno de Rajoy. Finalmente, los dirigentes sindicales no tuvieron otra alternativa que llamar a la huelga general. Las manifestaciones masivas del 29 de febrero pusieron de manifiesto la voluntad de los trabajadores de luchar y de eliminar cualquier excusa que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT pudieran haber tenido.
Las manifestaciones del 11 de marzo fueron de un tamaño similar a las del 29 de febrero. En algunos lugares pudieron haber sido menores, como resultado inevitable de que la gente pensaba que una manifestación más no haría una diferencia, pero en otras ciudades (Granada, Gijón, etc.) las marchas fueron más grandes, con nuevos sectores participando y que deseaban dejar claro su apoyo a la próxima huelga general.
En Madrid, los sindicatos dieron la cifra de medio millón de personas en la manifestación. La verdad es que la cabeza de la marcha no había abandonado el punto de partida y ya todo el recorrido estaba lleno con los manifestantes (como había ocurrido el 29 de febrero). Una cifra similar se dio de la manifestación en Barcelona, mientras que decenas de miles de personas marcharon en las capitales provinciales de toda España.
El ambiente es completamente diferente al que había en la huelga general precedente del 29 de septiembre de 2010. En aquel momento muchos trabajadores, aunque impresionados por la profundidad de la recesión, todavía pensaban que iba a ser de corta duración. Los ataques que se habían aplicado en ese momento seguían siendo leves en comparación con los que ahora se propone.
La huelga general del 29S de 2010 fue de gran alcance, aunque no paralizó todo el país. Más importante aún, los líderes sindicales en ese momento llegaron a la conclusión de que no eran lo suficientemente fuertes como para detener los ataques (en ese entonces se trataba sobre todo de la contra-reforma de las jubilaciones). La falta de éxito de la ola huelguística francesa en los ataques del otoño de ese año reforzaron esa idea en la cabeza de los dirigentes de CCOO y UGT. En enero de 2011 se firmó un acuerdo con el Gobierno del PSOE de entonces, en el que básicamente aceptaron todas las propuestas del Gobierno.
Esta fue una de las razones de la explosión del movimiento de los indignados en mayo de 2011. Había una creciente rabia contra el hecho de que se les pedía a las familias trabajadoras que pagaran la crisis del capitalismo, mientras que, al mismo tiempo, los dirigentes sindicales no ofrecían un canal para que esta ira se expresara. Peor que eso, aceptaron y firmaron estos ataques sobre la base del argumento del “mal menor”.
Millones salieron a las calles en mayo, junio y octubre del año pasado en cientos de ciudades y pueblos de todo el país. Esto luego se tradujo en movilizaciones masivas contra los recortes en la educación en Madrid en el otoño, en el movimiento contra los recortes y la represión en Valencia a principios de este año, en las constantes movilizaciones y huelgas salvajes contra los recortes en educación y salud en Cataluña, etc. También se desarrolló un movimiento nacional contra los embargos de viviendas en los casos de impagos de hipotecas.
Este estado de ánimo en desarrollo es lo que finalmente se filtró a través de las estructuras de los principales sindicatos, CCOO y UGT, y al final dejaron a sus dirigentes sin más remedio que convocar una huelga general el 29 de marzo.
A pesar de todo esto, los dirigentes sindicales están tratando desesperadamente de aferrarse al pasado. Están haciendo un llamamiento al Gobierno para que negocie, en vez de exigirle la retirada de la “reforma” laboral. Ellos argumentan que se trata de una ruptura del “contrato social” establecido después de la caída de la dictadura, que debe ser renovado. Esto demuestra una completa falta de comprensión de la razón de estos ataques.
No se trata de que la clase dominante y sus representantes políticos en el Gobierno del PP hayan despertado de repente y hayan decidido empuñar el hacha, porque son gente desagradable. Hay, por supuesto, un montón de individuos crueles entre ellos, pero la verdadera razón es la profunda crisis del capitalismo español. Desde el punto de vista de la clase dominante, necesitan recuperar la rentabilidad mediante el aumento de la competitividad de los productos españoles en el extranjero. Una forma de hacerlo es abaratando los costes laborales a través de un asalto masivo sobre los salarios y las condiciones laborales.
Este no es un ataque aislado. Es sólo una parte de toda una batería de recortes y de ataques a los derechos adquiridos que la clase dominante necesita aplicar.
El Gobierno del Partido Popular de Rajoy ha tratado de retrasar lo más posible la discusión del Presupuesto 2012 a fin de no afectar negativamente a sus perspectivas electorales en las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias del 25 de marzo. En ambas regiones las encuestas de opinión muestran un claro descenso de los votos para el PP en comparación con las elecciones nacionales del 20 de noviembre de 2011 y de un aumento significativo de Izquierda Unida, en Andalucía del 7% al 9,8% y en Asturias del 10,3% al 15,5% [Finalmente, la izquierda -PSOE e IU – ganó las elecciones en Andalucía, y avanzó significativamente en Asturias, con Izquierda Unida sacando el 11,34% de votos en la primera y 13,25% en la segunda. Nota del Traductor].
Es claro para todos que la recesión en el 2012 va a ser mucho peor de lo previsto originalmente, lo que a su vez significa que será necesaria una mayor cantidad de recortes de austeridad con el fin de reducir el déficit.
Con el pretexto de que el Gobierno anterior del PSOE les dejó un déficit mayor de lo previsto (8,5% del PIB en vez del 6%) Rajoy pensaba que podía desafiar a la Comisión Europea y no cumplir con la meta de déficit presupuestario acordada para el año 2012 (4,4 % del PIB). Sin embargo, la Unión Europea no puede permitirse ser vista como indulgente hacia España. Eso habría provocado un efecto dominó en otros países europeos que también se enfrentan a profundas recesiones y crecimiento de los déficits, que habrían pedido el mismo tratamiento.
Al final, a pesar de la valentía de Rajoy, la Comisión Europea acordó una cifra menor de déficit para este año (5,3% en lugar del 5,8% del que se había jactado). Sin embargo, Rajoy se vio obligado a adherirse a la meta de 3% para 2013. En realidad, todo lo que esto significa es que cualquier recorte de austeridad no introducido este año tendrá que ser presentado el próximo. El Gobierno del PP todavía tiene que añadir una cantidad adicional de 5.000 millones de euros de recortes a los 30.000 millones de euros ya previstos en las cifras presupuestarias y que aún no han sido hecho públicos.
Esto significará más recortes en educación y salud, en el salario de los trabajadores del sector público, nuevas privatizaciones, impuestos más altos, menos empleo en el sector público, etc. Como se ha demostrado claramente en Grecia, el único efecto de estas medidas será reducir el consumo y profundizar la recesión, lo que hará aún más difícil para el Gobierno cumplir sus objetivos.
Esta es otra diferencia con la huelga general de 2010. Los españoles ya han visto lo que ha sucedido en Grecia. Son plenamente conscientes de que estas medidas no van a resolver nada, sino que prepararán una nueva ronda de medidas de austeridad y de ataques. Esto ha alimentado la determinación de luchar.
Muchos trabajadores también han aprendido las lecciones de que los acuerdos firmados por los líderes sindicales en enero de 2011 y febrero de 2012 no funcionaron. Irán a la huelga y trabajarán duro para que sea un éxito, pero muchos activistas sindicales tienen una actitud sana de desconfianza hacia los líderes de CCOO y UGT. Al mismo tiempo, hay un sentimiento muy fuerte de unidad, basado en la correcta comprensión de que sólo la movilización más amplia y más masiva tendrá alguna posibilidad de revertir estos ataques. Los sindicatos nacionalistas ya habían llamado a una huelga general en el País Vasco y Galicia el 29 de marzo, por lo que en esta ocasión no habrá división de los trabajadores en líneas nacionales.
La clase dominante es consciente de que lo que se está preparando es un escenario de fuerte lucha de clases y está actuando en consecuencia. Vio en Valencia cómo la represión contra los estudiantes de las escuelas que lucharon contra los recortes a la educación sólo sirvió para provocar un movimiento aún más amplio. Y está siguiendo una clara estrategia de criminalización de las protestas vinculándolas con imágenes de caos y violencia. El diario de derechas ABC publicó un titular de página completa declarando: “Una huelga política en contra del interés general”, mientras que el aún más derechista La Razón titulaba: “29M: huelga contra España”. El gobernante PP ha dirigido el coro argumentando que la huelga general no es “patriótica” y que las acciones de los piquetes de huelga “no serán permitidas”, a pesar del hecho de que son un derecho constitucional.
Si sacamos las lecciones de la experiencia de los últimos tres años de lucha de la clase obrera griega, podemos ver que una huelga general de un día no será suficiente para derrotar ninguno de estos ataques. Será muy importante desde el punto de vista de la clase obrera como el inicio de la flexión de sus músculos, de tomar conciencia de su propio poder. Pero este no es un contexto en el que una huelga general pueda obligar al Gobierno a hacer concesiones. Por el contrario, este es sólo uno de una serie de ataques que se desatarán en los próximos meses.
Para derrotarlos se requiere un plan de movilización sostenido y creciente, incluyendo huelgas generales de 48 y de 72 horas, y huelgas combativas y ocupaciones de empresas en todos los sectores específicos bajo ataque. Pero también requiere la construcción de una alternativa clara en el frente político. Izquierda Unida registró un aumento significativo en sus votos en las elecciones parlamentarias de noviembre, como también en las recientes elecciones regionales de Andalucía y Asturias. IU se tiene que basar y adoptar un programa claro de medidas anticapitalistas que debe partir del reconocimiento de que esta es una crisis del sistema capitalista y, por lo tanto, no puede ser resuelta tratando de regularlo o reformarlo.
