El proyecto de reforma agraria del gobierno propone ampliar a los campesinos los derechos de uso de la tierra de 30 a 70 años y que sea legalmente transferible. Después de la reunión del Comité Central que debía haber aprobado esta ley, se hizo un anuncio que apenas mencionaba la reforma. Pasaron algunos días antes de que se supieran los detalles que demostraban una escisión clara dentro del Comité Central.
La última declaración de reforma agraria pretende reducir la diferencia de ingresos entre la ciudad y el campo, además de duplicar los ingresos de los campesinos de 600 a 1.200 dólares para el año 2020. Esto se debe conseguir aumentando el gasto en infraestructura pública, seguridad social, pensiones, cuidado sanitario y educación en las zonas rurales. Las propuestas incluyen la provisión de ampliar a los campesinos los derechos de uso de la tierra de 30 a 70 años y que sea legalmente transferible. Después de la reunión del Comité Central que debía haber aprobado esta ley, se hizo un anuncio que apenas mencionaba la reforma. Pasaron algunos días antes de que se supieran los detalles que demostraban una escisión clara dentro del Comité Central.
La agencia de noticias Xinhua lo confirmaba: "Cuando se elaboró el documento, algunos señalaron que la nueva política podría crear un puñado de terratenientes y al otro lado campesinos sin tierra sin medios para subsistir. Las tierras cultivables serían utilizadas para propósito no agrícolas y eso podría amenazar la seguridad alimenticia del país. Para aliviar estos temores, el Comité Central del PCC también incluía en el documento que el país pondría en práctica ‘un sistema muy estricto de protección las tierras de labranza y pedía a las autoridades locales que salvaguardaran con firmeza los 1.800 millones de mu (120 millones de hectáreas) que son el mínimo de tierras de labranza". (19/10(2008).
El dinero conseguido por la venta de tierras cultivables se supone que facilitaría la urbanización. Los campesinos que vendan sus derechos a utilizar la tierra tendrían dinero para trasladarse a las ciudades como trabajadores o pequeños comerciantes. Los derechos de la tierra transferidos a empresas o entidades estatales se podrían desarrollar entonces tanto como extensiones de la expansión urbana como para la agricultura industrial. El Estado intenta emular el desarrollo de infraestructuras de la costa oriental creando cientos de ciudades de tamaño intermedio en las provincias del interior, que cada año producen aproximadamente 10 millones de nuevos emigrantes.
El contexto de esta situación es la escalada de rebeliones rurales de estos últimos años. Yu Jianrong, director del Rural Development Institute’s Social Issues Research Center, de la Academia China de las Ciencias Sociales, avisa explícitamente a la dirección del Partido Comunista China del desarrollo de una crisis revolucionaria en el campo y en las nuevas zonas proletarias de las provincias del interior.
"En la próxima década o dos, China probablemente entrará en un período de frecuentes conflictos sociales. Es probable que los campesinos unas sus manos con los trabajadores y miembros de la clase intelectual inferior y se enfrenten a la alianza elitista que domina la sociedad, provocando agitación política, social y económica en China. Para evitar que este malestar social desencadena una revolución, es imperativo manejar bien las cuestiones de la injusticia social creando los canales efectivos para su expresión". (China Security. Primavera 2007. P. 3).
La requisa de la tierra ha sido la principal fuente de conflictos rurales durante los últimos años. En las zonas que rodean a las ciudades en expansión, las ocupaciones de tierra gubernamentales para el desarrollo humano se han llevado a cabo sin tener en cuenta los derechos legales formales de los campesinos, y con una compensación inferior a los precios de mercado. Los gobiernos locales en muchas zonas de China simplemente ocuparon la tierra por su potencial como fuente de ingresos, de renta o alquiler a grupos industriales o inmobiliarios.
Los cuadros a nivel rural con frecuencia se encuentran luchando junto a los campesinos y trabajadores rurales en batallas feroces, contra los gobiernos municipales o locales, contra promotores inmobiliarios y administradores de las zonas en desarrollo. Estos conflictos han estado presentes en las regiones más desarrolladas donde los precios de la tierra suelen ser más elevados. Ha cambiado la forma de las protestas, de llamamientos a las autoridades, a "manifestaciones, desfiles y otras formas de alteración civil incluidas las sentadas frente a los edificios del gobierno, bloqueos de carreteras y vías férreas o interrumpir el tránsito de transporte clave". (Ibíd., p. 7). La violenta reacción de los gobiernos locales ha exacerbado estos conflictos.
"Los dirigentes que sienten el calor de estas actividades campesinas han comenzado a ajustar su política para acomodarse a sus reivindicaciones. Este cambio no se debe a una repentina conciencia moral o compasión por el miserable sufrimiento de los campesinos. Más bien se debe al enfrentamiento directo de los campesinos con los gobiernos locales que ha sacudido los cimientos del gobierno de esta nación". (Ibíd., p. 8). En la provincia de Hunan los soldados desmovilizados y retirados formaron una "brigada anticorrupción" con 100.000 hombres, con trabajadores en paro, campesinos pobres e intelectuales. Yu Jianrong dice que los 20 millones de antiguos soldados que viven en las zonas rurales podrían incorporarse a una dirección revolucionaria en el interior.
El Congreso de la Federación de Sindicatos de toda China anunció esta semana que su militancia había alcanzado los 209 millones de trabajadores, 9 millones por encima de su objetivo para septiembre y 16 millones más desde enero de 2008. Del total de militantes, 67 millones son emigrantes, un tercio de ellos hasta ahora no estaban afiliados a los sindicatos. Aumentan las reivindicaciones de que el sindicato emprenda una acción más combativa. Las luchas laborales han aumentado un 20 por ciento anual en los últimos años, alcanzando las 410.000 disputas laborales el año pasado.
Después de la introducción de la nueva ley laboral en enero de 2008, han cerrado miles de empresas orientadas a la exportación o se han trasladado a zonas donde la mano de obra es más barata, por ejemplo, Bangladesh, India o Tailandia. Ahora que muchos mercados para la exportación se están reduciendo se están acelerando el cierre de fábricas. El fabricante de juguetes con sede en Hong Kong, Smart Union, que tiene su fábrica en la provincia de Guangdong, la semana pasada dejó a miles de trabajadores en la calle, los empresarios abandonaron la empresa y huyeron. Miles de trabajadores furiosos se reunieron frente a las oficinas del gobierno local para exigir sus salarios, incluso aunque la empresa fuera propiedad privada. Los gobiernos locales crearon empresas mixtas, vendieron todos los derechos agrícolas y se enriquecieron gracias a sus acuerdos con empresas privadas, ha hecho que ahora se conviertan en el objetivo natural de los trabajadores cuando los empresarios han huido del país.
