Frente al chantaje de los cortes de suministros de gas y electricidad

La crisis energética que afecta al país vuelve a poner en cuestión los “beneficios” de la privatización del sector energético nacional y el papel que juegan las multinacionales y las compañías privadas que controlan un recurso tan vital para el desarrollo y el desenvolvimiento de la sociedad.

Nacionalización bajo control obrero de las petroleras y las compañías eléctricas

La crisis energética que afecta al país vuelve a poner en cuestión los “beneficios” de la privatización del sector energético nacional y el papel que juegan las multinacionales y las compañías privadas que controlan un recurso tan vital para el desarrollo y el desenvolvimiento de la sociedad.

Según el gobierno, Argentina sufre un déficit diario de 5 millones de metros cúbicos de gas que puede alcanzar los 14 millones durante el invierno, y afirma que el sistema energético nacional está funcionando sin reservas técnicas y al límite de su capacidad operativa. Cualquier accidente o imprevisto en el sistema podría dejar a los grandes centros urbanos sin luz durante varias horas al día.

Desde hace semanas, en diferentes zonas del país como el NOA y el Gran Buenos Aires, multitud de empresas y decenas de miles de personas vienen sufriendo cortes en los suministros de gas y luz. Días pasados se redujo un 5% el suministro eléctrico en toda la nación rebajando la tensión de 220 a 209 voltios. Para el invierno amenazan con recortes en el suministro de GNC y subas desorbitadas en el precio del mismo.

Se intenta justificar esta situación por la supuesta disminución en las reservas de gas y por la carencia de lluvias que impiden el funcionamiento pleno de las centrales hidroeléctricas. En la Argentina, el gas natural juega un papel decisivo en el suministro energético. Además del uso residencial (calefacción de viviendas, cocina, etc), casi el 50% de la energía eléctrica nacional es generada por las centrales térmicas que utilizan el gas para funcionar. Por su parte, las centrales hidroeléctricas producen otro 40% de la electricidad consumida en el país.

Ante esta situación el gobierno decretó una limitación a las exportaciones del gas para dar preferencia al suministro residencial, a las centrales térmicas y a las estaciones de GNC, lo cual no es garantía de nada y sólo sirve para patear unas semanas para adelante las amenazas de cortes en el suministro.

¿Cómo se llegó a esta situación?

En 1988, la producción de gas natural en la Argentina apenas alcanzaba los 19.000 millones de metros cúbicos. En el 2003 la producción alcanzó los 51.000 millones. De ser importador nato, Argentina se transformó en exportador del gas a partir de 1998. Es decir, Argentina tiene capacidad actualmente para asegurarse el 100% de sus necesidades energéticas procedentes del gas natural.

Hasta las compañías privadas que monopolizan la producción y el suministro del gas reconocen que actualmente las reservas conocidas garantizan gas para trece años, pese a que desde 1996 apenas se invirtió en prospecciones para aumentar el nivel de reservas. Así, mientras que hasta 1997 se hacían una media de 100 perforaciones nuevas por año, actualmente sólo se hacen unas 25, el nivel más bajo en 30 años.

Estas compañías justifican sus bajas inversiones por el congelamiento de las tarifas desde hace dos años y medio, que no les dejan plata suficiente para acometerlas.
Sin embargo, desde la privatización del gas natural a favor de multinacionales como Repsol y otras compañías, las petroleras que operaban en la Argentina obtuvieron utilidades valoradas en miles de millones de dólares que repatriaron a sus respectivas metrópolis y repartieron entre sus accionistas, dedicando muy poca plata a la inversión.

Con la excusa de la recesión económica que golpeó al país entre 1998 y el 2002 dedicaron el excedente del gas producido a la exportación, donde actualmente lo venden un 155% más caro que en el mercado argentino debido a la devaluación del peso y al congelamiento de las tarifas, obteniendo millones de dólares de beneficios.

Por lo tanto, es radicalmente falso que falte gas y que no hayan obtenido beneficios suficientes para aumentar sus inversiones. Repsol-YPF reconoció unos beneficios de más de 2.500 millones de dólares en el 2003, de los cuales dos tercios provinieron de sus actividades en la Argentina. El 13% de la producción del gas nacional se exporta afuera y todavía quedan reservas suficientes para 13 años. Y esto teniendo en cuenta que éstas son las estadísticas facilitadas por las propias empresas que seguramente ocultan el verdadero nivel de las reservas que pueden ser mucho más abundantes. Incluso dando por buenas sus propias estadísticas, existe un margen de más de una década para implementar un plan de inversiones serio y ambicioso en nuevas prospecciones para aumentar mucho más las reservas de gas existentes en el subsuelo argentino.

También las empresas petrolíferas justifican la escasez del gas por el aumento de la demanda del último año. Esto es una falsedad evidente. Es verdad que ha habido un aumento importante de la actividad económica y de la demanda de gas, pero incluso así el nivel de la actividad económica actual está por debajo del que existía en 1998, antes de la recesión, y cuando la producción de gas natural argentino era muy inferior a la actual, y sin embargo no existían entonces problemas con el suministro.

Lo que hay detrás de todo esto es la avidez desmesurada por los beneficios de estas compañías que utilizan la amenaza del recorte en el suministro del gas como un chantaje al gobierno y al conjunto de la sociedad para forzar aumentos de tarifas con la intención de engordar todavía más sus escandalosos beneficios.

Por eso no nos creemos la demagogia ni las mentiras de las compañías petroleras. Los trabajadores debemos exigir la apertura pública de los libros de contabilidad de estas compañías para conocer qué hicieron con los miles de millones de dólares de beneficios obtenidos en los últimos años y si es verdad que no les quedó plata para invertir. Si estas compañías no están en condiciones de prestar un servicio decente y digno en un tema tan básico y fundamental como es el suministro energético, entonces deben ser expropiadas y estatizadas sin indemnización, bajo el control democrático de los trabajadores, para diseñar una planificación social y económicamente adecuada del suministro de gas y electricidad en base a los intereses y las necesidades de la mayoría de la sociedad.

La reacción del gobierno de Kirchner

Es interesante destacar que el análisis de Kirchner sobre las causas de la crisis del gas coincidan básicamente con lo que decíamos en el apartado anterior: la falta de inversiones de las compañías productoras y la denuncia de maniobras de las petroleras que estarían reteniendo las entregas de gas al mercado interno para acelerar el ajuste del precio del gas, congelado desde fines del 2001.

Así, en un acto en San Juan, afirmó: “Nos vienen diciendo que no va a haber energía, pero los productores de gas no hacen inversiones desde 1996. Hoy nos van a tener que dar gas, si no, como gobierno nacional, vamos a tener que tomar las medidas que tengamos que tomar” (Clarín, 26 de marzo del 2004). Debemos insistir que estas palabras no fueron pronunciadas por un “izquierdista” demagogo, sino por el presidente de la nación, al que debemos dar cierta credibilidad por lo que dice ya que debe poseer información a la que el resto del pueblo argentino no puede acceder. Y si esto es así, el tema adquiere una gravedad enorme. Es la confirmación “oficial” de la existencia de un chantaje de parte de las petroleras, como antes mencionamos.

¿Pero cuál ha sido hasta el momento la reacción del gobierno de Kirchner ante este chantaje? ¿Se corresponde con la gravedad del hecho por él mismo denunciado? Nada de eso.

Hace unos días Kirchner amenazó con aumentar un 10% las retenciones a las petroleras por la exportación de hidrocarburos si no se avenían a un acuerdo para incrementar la producción de gas. Luego, se anunció un acuerdo para aumentar la producción diaria en 5 millones de metros cúbicos. Sin embargo, las petroleras nunca confirmaron este acuerdo y ya no se volvió a hablar más de este tema. Lo que demuestra el juego de aprietes entre las petroleras y el gobierno, sin que se aviste una solución inmediata.

Hasta el momento, la decisión más concreta fue decretar una limitación a la exportación energética para asegurar un mayor abastecimiento del mercado interno. Esto afectó parcialmente a Chile y Uruguay, recortando el suministro de gas y de electricidad a estos países. Pero esto no se puede mantener indefinidamente porque el Estado argentino puede enfrentar duras sanciones en los tribunales internacionales por incumplimiento de acuerdos comerciales.

Otra de las medidas del gobierno de Kirchner para enfrentar esta situación ha sido comprar electricidad e hidrocarburos en el extranjero. Así, el gobierno argentino acordó en días pasados la compra de energía eléctrica a Brasil para paliar la falta de suministro eléctrico. También en el mes de abril, Argentina piensa acordar la compra de 3,5 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano. Por otro lado, el gobierno venezolano de Hugo Chávez ofreció 750.000 toneladas de gasoil y 250.000 toneladas de fuel oil a cambio de alimentos. Es decir, la amenaza de la escasez de gas y electricidad en las próximas semanas y meses, cuya responsabilidad es de las compañías petroleras como también afirma el presidente Kirchner, se va a mitigar a cambio de un desembolso de miles de millones de pesos del Estado que bien podrían dedicarse a aumentar los salarios de los trabajadores estatales o a obras de infraestructura que podrían paliar la desocupación general.

Es, por lo tanto, un verdadero escándalo que para salvar el negocio de la exportación del gas de las petroleras, el Estado argentino tenga que gastar sus limitados recursos en importar gas, fuel oil y electricidad del extranjero.

A este gasto extra, el Estado argentino deberá sumar otros $200 millones mensuales a partir del mes de abril para mantener en funcionamiento las usinas eléctricas que, ante la falta de gas, deben sustituir esta materia prima energética por el fuel oil y el gas oil, que son más caros. (Clarín, 21 de marzo del 2004).

Otra de las medidas fue prolongar en dos semanas el funcionamiento de la central nuclear de Embalse (responsable del 6% de la generación de electricidad de la nación) a pesar de que se cumplió el plazo preceptivo de funcionamiento y debe ser paralizada temporalmente para ser sometida a revisión técnica, aumentando el riesgo de un accidente nuclear de esta planta por el peligro de su utilización excesiva.

Además se anuncia que, para garantizar gas para uso residencial durante los meses de invierno, se reducirá la oferta de GNC para los automovilistas o bien se aumentará el precio del litro a $2 (ahora está a $0,50) para obligarlos a que consuman nafta, más cara. De esta manera vuelven a ser los trabajadores y autónomos los que cargarán con el peso de la crisis energética.

Kirchner nos tiene acostumbrados a declaraciones “grandilocuentes” contra la presión de las multinacionales, del FMI y demás. Pero a la hora de la verdad, siempre termina cediendo a las presiones de estos últimos. Así, mientras que Kirchner acusaba de “chantaje” a las petroleras, el ministro de economía, Roberto Lavagna, le daba la razón a estas últimas, recomendando una suba de tarifas en el gas para que las petroleras tuvieran la plata suficiente para poder invertir en la producción de gas ¿En qué quedamos, presidente Kirchner? ¿A quién debemos creer, a Usted o a su ministro, a quien usted no ha reprendido públicamente por estas declaraciones? Esto sólo demuestra que Lavagna actúa en la práctica como el representante de las petroleras en el gobierno “nacional” y “popular” de Kirchner. Es decir, en el gobierno de Kirchner hay individuos que expresan y defienden los intereses de las multinacionales y las petroleras. Y Kirchner no cuestiona la presencia de tales individuos en su gobierno.

Pero esto no nos debe extrañar. A comienzos del mes de marzo, el gobierno de Kirchner acordó con las petroleras un ajuste de tarifas en el GNC de entre un 10% y un 25% a partir del 1º de mayo y que los medianos y grandes consumidores de gas (empresas, industrias, centros comerciales, etc) deberían comprarles directamente el gas a las petroleras a precio libre, es decir al precio internacional que fijan las propias petroleras y que es un 155% más caro. Los empresarios para mantener su actual nivel de beneficios trasladarán este aumento de costos a los precios de sus productos y mercaderías, lo que disparará el aumento de los precios, siendo las familias trabajadoras las principales perjudicadas.

De hecho, muchas de las empresas que están enfrentado recortes en los suministros de gas, ya está comprando a las petroleras gas a precio internacional, lo que hace decir a Clarín que: “tanto los empresarios, como los economistas consultados por Clarín indicaron que la incidencia de esa suba del 155% promedio … comenzará a trasladarse a los precios finales a partir de abril” (Clarín, 21 de marzo del 2004).

Las limitaciones del gobierno de Kirchner

Por parte de las petroleras ya vemos que están utilizando sus músculos financieros y económicos, y a sus agentes en el gobierno de Kirchner, para doblar el brazo al Estado y forzar aumentos de tarifas para acrecentar sus beneficios, aunque eso suponga un chantaje a la sociedad y una amenaza a las familias obreras que enfrentan recortes en el suministro eléctrico, en la calefacción durante el invierno, en el GNC para los automóviles, etc. No se pararán ante nada.

De parte del gobierno de Kirchner lo que vemos es un reconocimiento de este poder de las petroleras y que lo fundamental de sus medidas pasan por aceptar este chantaje, sacrificando miles de millones de pesos de las finanzas públicas para paliar los efectos de esa extorsión y sin tomar medidas de fondo para enfrentarlos o para arrebatarle este poder a estos parásitos que lucran con la riqueza y los recursos naturales que pertenecen al pueblo y a la clase obrera argentina.

No deja de ser una ironía que desde la privatización de YPF no se construyeran gasoductos para satisfacer la demanda nacional y que, en cambio, se construyeran 9 gasoductos destinados exclusivamente a la exportación del gas argentino (José Rigane, INFOMORENO, 23 de marzo del 2004). Ahora que se habla de comprar gas boliviano para paliar la demanda del combustible se utilizará para transportarlo un viejo gasoducto construido por el Estado y el gasoducto que está construyendo Techint en el NOA para el mismo fin está siendo financiado en un 30% con dinero público. Es decir, el Estado pone los recursos para que las compañías privadas, nacionales y extranjeras, usufructúen las ganancias.

Si el gobierno de Kirchner realmente quisiera atender a las necesidades de la mayoría de la sociedad acordaría en nacionalizar recursos tan valiosos como el gas y el petróleo. Pero no lo hará. Igual que no reestatizó ninguna de las principales empresas privatizadas durante la era menemista. La cuestión aquí no es personal. La cuestión es que Kirchner no cuestiona el dominio de la sociedad por los capitalistas y patrones. Kirchner dice creer en un capitalismo “en serio”, pero fuera de su imaginación el único capitalismo “en serio” que existe es éste, el que sufrimos y padecemos millones de trabajadores y desocupados cada día.

Él sabe que si se nacionalizara una sola empresa importante, esto sería tomado por los trabajadores argentinos con enorme entusiasmo y aprobación y lo presionarían para que continuara con esa política y para que dejara de pagar la infame deuda externa que ahoga al país. Kirchner sabe que esa política ayudaría a los trabajadores a darse cuenta de que el responsable de sus problemas es el propio capitalismo y el dominio de la sociedad por un puñado de grandes capitalistas, banqueros, terratenientes y multinacionales. Pero Kirchner no quiere eso. Él no cuestiona el sistema capitalista. Por eso aunque a veces amenaza con el puño a las multinacionales y al FMI, presionado por la bronca de abajo, es incapaz de llevar la lucha hasta el final contra ellos y siempre, de una forma u otra, termina cediendo a las presiones de los ricos y los capitalistas.

Lo más probable es que las posibles salidas que dará el gobierno a esta situación será una mezcla de varias cosas: importaciones de energía, precarización de los servicios, aumentos de tarifas a favor de las multinacionales e inversiones en infraestructura a cargo del Estado. Será el conjunto de la población argentina, fundamentalmente las familias obreras, quienes asumiremos la mayor parte del costo mientras que las petroleras seguirán obteniendo miles de millones de dólares en beneficios explotando unos recursos naturales que pertenecen al pueblo trabajador.

Una alternativa socialista

¿Es que no hay otra alternativa? Sí que la hay. La alternativa es la que demandan e intuyen millones de trabajadores argentinos: que la riqueza nacional, que los recursos naturales del país, sean propiedad común del pueblo trabajador. Que se utilice esa riqueza que nosotros hemos producido y sacado de las entrañas de la tierra durante generaciones para el beneficio de la mayoría de la sociedad y no de un puñado de multinacionales y grandes capitalistas. Lo que se necesita es la nacionalización sin indemnización del petróleo, el gas y las compañías eléctricas, y bajo el control democrático de los trabajadores para evitar el despilfarro y la burocratización del servicio, lo que permitiría la planificación de estos recursos y los miles de millones de dólares de beneficios que traen aparejados para satisfacer las necesidades sociales.

Los trabajadores del petróleo, del gas y de la electricidad deben ser los primeros en agitar por esta alternativa. Deben exigir a sus dirigentes sindicales que defiendan esta alternativa y que organicen una lucha seria y contundente para alcanzar este objetivo y, si éstos se niegan, dar una pelea para echar abajo las direcciones burocráticas y degeneradas propatronales para sustituirlas por dirigentes honestos y combativos. Pero no deben ser solamente los trabajadores del sector energético quienes deben dar esta pelea, el movimiento obrero argentino en su conjunto debe hacer suya la bandera, como nuestros hermanos bolivianos, de la nacionalización de los hidrocarburos bajo control obrero.

Lo que se necesita es una alternativa socialista. Lo mejor de nuestra riqueza se va hacia fuera para engordar los beneficios de un puñado de parásitos. Y esto no afecta solamente al gas y el petróleo. Se da la circunstancia de que en un país con el 50% de la población por debajo del umbral de la pobreza se producen alimentos suficientes para alimentar a 300 millones de seres humanos pero, que al igual que el gas y el petróleo, se exportan mayoritariamente afuera para que un puñado de latifundistas, empresarios de la alimentación y multinacionales se llenen los bolsillos a costa del hambre y de la mala alimentación del pueblo.

El sistema capitalista es incompatible con una existencia humana digna y civilizada. El llamado sistema de “libre mercado”, que tiene como eje la propiedad privada de un puñado de capitalistas multimillonarios sobre las fábricas, la tierra, los bancos, los recursos naturales, etc. ha demostrado sobradamente su bancarrota ¿Cómo es posible que millones de argentinos trabajadores, pobres y desocupados, la inmensa mayoría de la población, estemos sometido a los dictados y a la voluntad de un puñado de sanguijuelas que deciden si vamos a tener luz para alumbrarnos mañana a la noche, que deciden si vamos a tener calefacción para calentarnos dentro de tres meses o si vamos a disponer de GNC para hacer andar nuestro auto dentro de unas semanas? ¿Cómo es posible que ese puñado de multimillonarios latifundistas, empresarios y monopolios decidan a su voluntad lo que nos va a costar la carne, el pan, los fideos? Y todo ello para aumentar los beneficios de estos holgazanes que son indiferentes a las penurias, los sufrimientos y sacrificios de millones de trabajadores y desocupados que creamos la riqueza de la nación y la hacemos funcionar día a día.

Los trabajadores debemos avanzar en nuestra conciencia política y en nuestra organización. Comenzando por los sindicatos, cada vez es más evidente la necesidad de una alternativa política clasista y combativa en el interior de los mismos que defienda una alternativa socialista a favor de los trabajadores. Pero también es necesario avanzar en la construcción de una organización política que agrupe a los sectores más concientes y avanzados de los trabajadores y la juventud para llevar estas ideas al conjunto de la clase obrera. Esta será la mejor manera de fortalecer la lucha por la transformación socialista de la sociedad frente al caos y la barbarie capitalista que nos rodea.

DESDE EL MILITANTE EXIGIMOS:

POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES QUE HAGA POSIBLE LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS ESTAS MEDIDAS