La extrema brutalidad policial que se abatió sobre los estudiantes de secundaria movilizados tenía como objetivo sofocar la protesta. Pero ocurrió justo lo contrario: el movimiento sacó nuevas fuerzas de ello, se ganó el apoyo de numerosos profesores y se extendió a cientos de institutos más. Los universitarios —evidentemente solidarios con los estudiantes de secundaria— han comenzado a movilizarse.
Las imágenes de la violencia policial han provocado una poderosa onda de choque en la abrumadora mayoría de la población. Millones de jóvenes y trabajadores se sienten repugnados e indignados por la odiosa respuesta del Gobierno ante un movimiento que denuncia unas condiciones de estudio indignas de un país «desarrollado», pero también el carácter cada vez más desigual del sistema educativo.
Bajo la presión de una ira masiva, la dirección confederal de la CGT llama a los trabajadores a movilizarse —«incluso mediante la huelga»— para participar en las manifestaciones de los estudiantes de secundaria organizadas mañana, 6 de octubre. Las estructuras locales, regionales y sectoriales de la CGT y de otras confederaciones llaman más directamente a la huelga para proteger a la juventud movilizada y apoyar sus reivindicaciones legítimas.
A fuerza de lanzar gases lacrimógenos, golpear, herir y detener, el Gobierno ha puesto sobre la mesa precisamente lo que pretendía evitar: una posible generalización de la protesta a toda la clase obrera.
Cualquiera que conozca la historia de mayo del 68 no puede sino quedarse impresionado por las similitudes en la sucesión de los acontecimientos, en esta fase. A principios de mayo de 1968, una movilización estudiantil fue reprimida ferozmente por la policía antidisturbios, CRS. La brutalidad policial de la «noche de las barricadas», el 10 de mayo, suscitó una ola de indignación tan poderosa que las direcciones sindicales se vieron obligadas a organizar una huelga general de protesta de 24 horas, el 13 de mayo, que fue un enorme éxito —y el inicio de una crisis revolucionaria (para gran disgusto de las direcciones sindicales).
Tanto entonces como ahora, el periódico Le Monde, temiendo una explosión social, había instado al Gobierno a guardar un poco las porras y cambiar de estrategia. Tanto entonces como ahora, la autoridad del jefe del Estado estaba por los suelos. En el poder desde el 1 de junio de 1958, De Gaulle era vilipendiado por los manifestantes, que clamaban: «¡Diez años, ya basta!». Salvo por unos pocos meses de diferencia, este eslogan se adapta perfectamente al movimiento actual y a los sentimientos de odio que Macron suscita en amplios sectores de la población.
Estas similitudes no son fruto del azar: son características del inicio de una crisis pre-revolucionaria. Esto no significa necesariamente que el país vaya a embarcarse, en los próximos días, en un movimiento de la envergadura de la gran huelga general de mayo y junio de 1968. Pero es una posibilidad, sin duda, en un contexto de subida vertiginosa de los precios de los combustibles, de presupuesto de austeridad y de una efervescencia social que se ha manifestado, desde principios de septiembre, en el enorme éxito que han tenido las convocatorias para una gran movilización popular el 17 de octubre.
Al igual que en mayo del 68, las direcciones confederales de los sindicatos no hacen nada para avivar las llamas de la revuelta. Al contrario, tratan de controlar el movimiento. Recurren al Gobierno para pedirle que «calme los ánimos». En mayo del 68, esta estrategia fracasó: el movimiento se había escapado por completo del control de las direcciones sindicales. No se puede predecir qué sucederá en los próximos días y semanas. Sin embargo, sí podemos decir cuál debería ser —en nuestra opinión— la estrategia y el programa de los militantes políticos y sindicales más combativos.
Partamos de una evidencia: ninguna «jornada de acción», por muy masiva que sea, hará retroceder ni un centímetro al «gobierno de los ricos», que solo tiene una idea en mente: imponer un presupuesto de austeridad para intentar contener una crisis de la deuda pública que se agrava día a día. Si los alumnos de secundaria y los estudiantes se quedan solos en primera línea, tras el 6 de octubre, el Gobierno se esforzará por desarticular el movimiento combinando la represión policial, las promesas vacías y las «concesiones» simbólicas. Solo una movilización masiva y duradera de la clase obrera permitirá frustrar este escenario.
Es cierto que «una huelga general no se decreta», como recuerdan sin cesar los dirigentes sindicales, quienes, sin embargo, no proponen ninguna alternativa. No se «decreta», pero se puede intentar organizarla. Debe ponerse en marcha una amplia campaña de agitación, basada en un programa ofensivo, en todos los sectores de la economía: es la única forma de sondear la combatividad de las diferentes categorías de trabajadores y, a partir de ahí, elaborar un plan de batalla concreto.
Los sectores de la clase obrera más combativos, los más dispuestos a la lucha, deben movilizarse ya —el 6 de octubre y los días siguientes— junto a los alumnos de secundaria y los estudiantes universitarios, aunque solo sea para protegerlos de la violencia policial. Si cientos de miles de trabajadores dan ejemplo, al día siguiente del 6 de octubre, enviarán un mensaje contundente a toda nuestra clase.
El programa de la lucha es un elemento central de la ecuación. La juventud exige condiciones de estudio dignas, pero también el fin de la violencia y el acoso policial, del racismo de Estado, del sistema de acceso a la universidad Parcoursup, del desempleo y de los empleos precarios a los que está condenada. Tras un verano dantesco, también exige medidas radicales contra la crisis medioambiental. En resumen, exige un futuro digno de ese nombre. Ninguna «concesión» del «gobierno de los ricos» dará una respuesta seria a ello. Solo un gobierno de los trabajadores podría llevar a cabo una política económica y social acorde con las aspiraciones básicas de la juventud.
En otras palabras, todas las reivindicaciones inmediatas de la juventud movilizada —inversiones masivas en la Educación Nacional, la derogación del Parcoursup y de Mon Master, el rechazo al presupuesto de austeridad de Lecornu, etc.— deben articularse en torno al objetivo de derrocar al actual Gobierno. A este mismo objetivo deben vincularse las reivindicaciones inmediatas que afectan al conjunto de los trabajadores: un aumento significativo de los salarios y su indexación a la inflación, la derogación de todas las contrarreformas de los últimos diez años, la nacionalización —bajo el control de los trabajadores— de TotalEnergies, etc.
Sabemos bien que ese no es ni el programa ni la estrategia de las direcciones oficiales del movimiento obrero. Esta mañana, por ejemplo, Sophie Binet (CGT) pedía al Gobierno que «enviara una señal a los estudiantes de secundaria» para calmar los ánimos. Sin embargo, este Gobierno solo «enviará» a los estudiantes de secundaria «concesiones» simbólicas, anuncios sin sustancia y, sobre todo, agentes de la CRS armados hasta los dientes. Sophie Binet lo sabe muy bien, pero, al igual que los dirigentes oficiales del movimiento obrero en mayo del 68, nada le da más miedo que una explosión social que se le escape de las manos. Por eso, en lugar de hacer todo lo posible por intensificar la lucha, implora al Gobierno que «envíe una señal» —como otros imploran al Cielo que haga un milagro—.
La pelota está, pues, en el tejado del ala izquierda del movimiento sindical, pero también de «La France insoumise». Al tiempo que ejercen la máxima presión sobre las direcciones confederales para que organicen seriamente la lucha, los militantes más combativos deben tomar todas las iniciativas necesarias para proteger a los alumnos de secundaria, proteger a los estudiantes, apoyar su movilización y, al mismo tiempo, elaborar un plan de batalla destinado a paralizar la economía, derrocar al Gobierno y crear las condiciones para una victoria decisiva de nuestra clase.
