Ha pasado aproximadamente un año desde que se declaró el COVID-19 como pandemia mundial. Hasta ahora, más de dos millones de personas han muerto a causa del propio virus. Muchas más han muerto por causas secundarias. Aunque las vacunas que ahora circulan ofrecen un rayo de esperanza para las masas, que están atrapadas en un ciclo de aislamiento y precariedad, la crisis está lejos de terminar. Sobre todo, porque el proteccionismo y el «nacionalismo de las vacunas» impiden que miles de millones de personas tengan acceso a estos recursos que salvan vidas. ¿Cuándo acabará todo esto?
Algunos científicos y políticos se preparan para aceptar una «nueva normalidad» en la que el coronavirus simplemente sea gestionado a largo plazo, como la gripe estacional. Otros señalan casos de éxito como el de Nueva Zelanda y abogan por una estrategia de eliminación a «Cero-Covid» con medidas estrictas para reducir las cifras hasta el punto de que cualquier nuevo caso pueda ser fácilmente identificado y contenido.
En cualquier caso, la pandemia sigue revelando que el capitalismo no está preparado en absoluto para hacer frente a una crisis global de esta naturaleza. En su afán cortoplacista por proteger las ganancias, la patronal y sus representantes han dejado cicatrices en la sociedad que probablemente nunca sanarán del todo.
Asesinato social
El editor ejecutivo del British Medical Journal (difícilmente un órgano revolucionario) escribió recientemente un artículo citando a Friedrich Engels, quien definió el «crimen social» en La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845) de la siguiente manera:
«[C]uando la sociedad coloca a cientos de proletarios en una posición tal que inevitablemente encuentran una muerte demasiado prematura y antinatural, una muerte tan violenta como por la de la espada o la bala; cuando priva a miles de personas de los medios de vida indispensables, las coloca en condiciones en las que no pueden subsistir… sabe que estas miles de víctimas deben perecer, y sin embargo permite que estas condiciones subsistan, su acto es un crimen… que no parece lo que es. …porque la muerte de la víctima parece natural…Pero sigue siendo un crimen».
El documento concluye que, según la definición de Engels, la negligencia e incompetencia criminal de la clase dirigente durante esta pandemia equivale a un asesinato social a escala masiva.
Desde las cuarentenas tardías e ineficaces, pasando por la adjudicación de contratos de rastreo y EPIS [equipos de protección individual] a compinches del sector privado, hasta los mensajes públicos desesperados y la falta de apoyo adecuado a las personas que se vieron obligadas a dejar de trabajar: los políticos han agravado este desastre una y otra vez.
Las muertes causadas por el COVID-19 en cinco países (Estados Unidos, Brasil, India, México y el Reino Unido) representan la mitad del número de víctimas mortales en todo el mundo hasta la fecha. En este último país se han producido víctimas mortales equivalentes a aproximadamente 1 de cada 500 habitantes: el doble de las víctimas civiles del Blitz [los ataques aéreos alemanes en suelo británico, NdT] en la Segunda Guerra Mundial.
Países como Estados Unidos y Gran Bretaña compartieron un factor común en su enfoque del COVID-19: se centraron en proteger sus economías en primer lugar, y en proteger vidas en un lejano segundo lugar. Resulta que fracasaron en ambos aspectos. Como señala un documento de investigación de noviembre
«[L]os países que se centraron rápidamente en primer lugar en las medidas de reducción de la pandemia están ahora reabriendo por etapas y haciendo crecer sus economías. La mayoría de los países que priorizaron el fortalecimiento de sus economías y se resistieron, limitaron o redujeron prematuramente las intervenciones para controlar la pandemia se enfrentan ahora a tasas de infección galopantes y a inminentes confinamientos estatales y nacionales».
La reticencia de los gobiernos de Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro a tomar desde el principio medidas estrictas de confinamiento significó que la pandemia en sus países no solo fuese más mortífera, sino también más costosa de afrontar.
Los sistemas de salud se vieron colapsados; fueron necesarios más confinamientos y más prolongados; y se necesitó un mayor estímulo financiero durante un período más largo para evitar el colapso total.
El documento anterior sostiene que medidas sencillas y relativamente asequibles (como un plan para distribuir mascarillas a los hogares estadounidenses, que habría costado unos 1.000 millones de dólares, y que fue rechazado por Trump) podrían haber salvado millones de dólares a Estados Unidos y hasta 200.000 vidas.
El documento cifra el coste global total de la pandemia hasta el momento en 16 billones de dólares, y estima que las medidas básicas de contención «se amortizarían en torno a 1.000:1 en daños económicos anticipados por cada dólar gastado». Es decir, que sólo se recuperá 1 dólar por cada 1.000 gastados.
La perspectiva a corto plazo de los gobiernos burgueses significó que, en muchos países, no se tomaron tales medidas, y ahora estamos cosechando las amargas recompensas.
La intervención del Estado
Por el contrario, China, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, etc. – que se centraron en la rápida supresión del coronavirus y en el distanciamiento social obligatorio, han eliminado prácticamente el virus dentro de sus fronteras (por ahora), y están viendo nuevamente el crecimiento económico.
En estos países también se produjo una intervención estatal temprana y directa para imponer el distanciamiento social, distribuir EPIS y apoyar económicamente a la población.
En resumen, incluso en los países que afrontaron la pandemia relativamente bien, los capitalistas demostraron con sus acciones el fracaso del llamado » libre mercado » para hacer frente a una crisis grave.
El hecho de que gran parte de la economía mundial sobreviva a duras penas con el pulmón de acero de la inversión estatal es una prueba de ello.
Aunque ha habido variaciones en los distintos países, es una prueba de la degeneración del capitalismo, y de la estrechez de miras de sus representantes, el hecho de que se hayan desperdiciado océanos de dinero y ríos de sangre para evitar la pérdida de beneficios empresariales a corto plazo.
Desigualdades en las vacunas
Los representantes más serios de la burguesía entienden que no se volverá a ninguna apariencia de «normalidad» hasta que el COVID-19 sea puesto en vereda a nivel mundial.
Como escribe el columnista Martin Wolf en el Financial Times: «Dado que el virus no conoce fronteras, no puede estar bajo control en ninguna parte a menos que esté bajo control en todas partes. La alternativa es que permanezcamos dentro de las prisiones nacionales indefinidamente».
El capitalismo actual es un sistema global, que requiere la circulación internacional de bienes, personas y servicios. La Oficina Nacional de Investigación Económica afirma que hasta el 49% de los costes económicos mundiales de la pandemia en 2021 correrán a cargo de las economías avanzadas, incluso si consiguen una amplia inmunización en sus países. Esto se debe a la interrupción de las cadenas de producción y comercio entre naciones mientras dure la pandemia.
No se puede tener el capitalismo en un solo país. Por esta razón, Wolf sostiene que los líderes mundiales deben hacer «lo que sea necesario para financiar la producción y distribución acelerada de vacunas -y, si es necesario, de vacunas reformuladas- a nivel mundial».
Además, aboga por que los países ricos aporten unos 65.000 millones de dólares para financiar una campaña de vacunación en los países pobres, señalando que esto es poco en comparación con los 5,6 billones de dólares de gasto fiscal adicional en respuesta a la COVID-19 que ya se ha anunciado.
Wolf hace este argumento desde un punto de vista burgués, señalando que los beneficios a largo plazo superarán los costes iniciales. Por supuesto, si expropiáramos la riqueza de los capitalistas bajo control democrático, ¡esta modesta inversión en el futuro de la humanidad no sería ningún problema!
Desgraciadamente, bajo el capitalismo, esto depende de que los capitalistas pierdan beneficios a corto plazo y cooperen a través de las fronteras nacionales. Y esto simplemente no lo harán.
Nacionalismo y proteccionismo
Como hemos visto con la reciente disputa entre Gran Bretaña y la UE sobre el acceso a las dosis de la vacuna de AstraZeneca, esta crisis está poniendo en primer plano los estrechos intereses nacionales precisamente en el momento en que más se necesita la acción internacional.
Ya hemos visto la locura del «nacionalismo de las vacunas», empezando por la política de Donald Trump de «America First» sobre la adquisición de vacunas el año pasado. Ahora, la UE amenaza con imponer límites a la exportación de vacunas fabricadas dentro de sus fronteras: una política de: Europa Primero.
Las vacunas también se han utilizado como fútbol geopolítico, ya que algunos países de la esfera de influencia de Estados Unidos son reacios a aceptar productos fabricados en Rusia y China.
Estas vacunas se envían a su vez a varios países de África, América Latina y Oriente Medio, que tienen un acceso limitado a los productos fabricados en Occidente por Pfizer, BioNTech y Moderna, ampliando así la influencia de Moscú y Pekín en estas regiones.
Pero más que cooperación, existe una creciente competencia entre India, China y Rusia para superar a Estados Unidos, Europa y a los demás en la lucha por el suministro de vacunas al mundo.
En respuesta (y ante las crecientes críticas por la grave falta de vacunas en los países pobres), el presidente francés Macron ha desafiado ahora a los países del G7 a enviar entre el 4% y el 5% de sus dosis a las naciones más pobres. Mientras tanto, Boris Johnson ha prometido donar la mayor parte del excedente de vacunas del Reino Unido.
No se trata de meros actos de caridad. Estos líderes occidentales burgueses están dispuestos a no perder autoridad en la escena mundial frente a países como Rusia y China.
Mientras tanto, las sanciones a países como Irán y Venezuela han complicado enormemente el proceso de importación de vacunas, dejando a los habitantes locales a merced del virus. En este último caso, se ha denunciado que el líder de la oposición y golpista Juan Guaidó frustró los esfuerzos del gobierno venezolano por obtener vacunas de Gran Bretaña.
Y aunque Israel tiene la mayor tasa de vacunación per cápita del planeta, la vacunación apenas ha comenzado en la ocupada Franja de Gaza y Cisjordania. El gobierno israelí se ha resistido a las presiones para ofrecer sus excedentes a los palestinos. Sigue manteniendo el bloqueo de Gaza y ha detenido un envío de 2.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik, destinada a los trabajadores sanitarios de la primera línea.
Todos estos juegos cínicos están frenando la distribución mundial de estos recursos esenciales, que se necesitan desesperadamente para proteger a la gente de a pie de las infecciones.
La anarquía del capitalismo
Como hemos explicado antes, existe una enorme brecha entre los países ricos y pobres en el acceso a las dosis de vacunas. Esto se debe a que las naciones ricas que financiaron en gran medida la producción de vacunas han negociado directamente con los fabricantes para comprar el exceso de suministros.
El programa Covax de la Organización Mundial de la Salud (que ya es considerado con «alto riesgo» de fracaso) pretende entregar 2.300 millones de dosis a los países pobres de África, Asia y América Latina este año. Pero esto supondría sólo una quinta parte de la población objetivo.
Mientras que sólo 10 países han utilizado el 75% de las vacunas hasta ahora, alrededor de 130 países no han recibido ni una sola vacuna, según la ONU. De las 175 millones de vacunas administradas, sólo unas ocho millones han sido para los 430 millones de habitantes de Sudamérica y dos millones para los 1.300 millones de habitantes de África.
Sólo el 18% de la población mundial tiene probabilidades de ser vacunada este año. La mayoría de las vacunaciones previstas están ahora programadas para 2022 y 2023. Y es poco probable que todo el mundo se vacune antes de 2025, dado que las órdenes de prioridad a los países ricos seguirán empujando al resto del mundo al final de la cola.
A pesar de su nuevo compromiso de regalar las vacunas sobrantes de Gran Bretaña, Johnson no ha confirmado realmente cuántas donará. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: para empezar, ¿por qué los países ricos pudieron acumular reservas masivas? ¿Por qué el resto del mundo debe contentarse con las migajas de la mesa?
Todo esto fue facilitado por un sistema basado en la acumulación privada, la especulación y la dominación imperialista.
La prisa interna de los países ricos por vacunar primero a su propia población, y así ser los primeros en reiniciar la producción, es contraproducente. El Instituto Peterson de Economía Internacional, con sede en Estados Unidos, ha señalado que a largo plazo sería mucho más barato para los países ricos invertir en la vacunación de las naciones pobres:
«Las cadenas de suministro internacionales y los vínculos de la demanda garantizan que las enfermedades de los países pobres se extiendan a través de las fronteras a los países ricos, infligiendo grandes costes económicos incluso si estos últimos vacunan completamente a sus poblaciones. Los costes económicos en los países ricos podrían superar entre 10 y 100 veces el coste de ayudar a los países pobres a vacunarse completamente» [énfasis nuestro].
En un sistema de producción planificado democráticamente, la vacunación mundial sería la única prioridad. Pero los capitalistas no invertirán ni un céntimo a corto plazo para ayudar a la gente más allá de sus fronteras nacionales, incluso en estas terribles circunstancias – e incluso cuando les beneficiaría a largo plazo. Tal es la naturaleza anárquica del capitalismo.
Mutaciones
Hay otra consecuencia aún más preocupante de alargar la campaña de vacunación mundial: nuevas mutaciones. Cuanto más tiempo pueda seguir propagándose el coronavirus y cuanto más se extienda, mayor será el riesgo de que surjan nuevas variantes que podrían ser más virulentas y resistentes a las vacunas que poseemos actualmente.
Por ejemplo, la variante B.1.1.7 «variante Kent» -originada en el Reino Unido- y la variante 501.V2 identificada por primera vez en Sudáfrica presentan importantes cambios genéticos respecto a las formas anteriores del virus.
En particular, el E484K (apodado Eric o Eek) cambia la superficie de la proteína de la espiga que el virus utiliza para entrar en las células humanas. Esta mutación hace más difícil que el sistema inmunitario humano reconozca y destruya el virus, si se ha expuesto a vacunas basadas en versiones anteriores. La misma mutación está presente en una variante que actualmente hace estragos en Brasil.
Estas nuevas variantes son más infecciosas, y parece que al menos son algo resistentes a algunas de las vacunas de las que disponemos actualmente. El gobierno sudafricano ha optado recientemente por abandonar el despliegue de la vacuna de AstraZeneca después de que, al parecer, no protegiera contra las infecciones leves de la variante 501.V2.
Esto podría hacer necesario el desarrollo de vacunas actualizadas que puedan hacer frente a las nuevas mutaciones. La vacuna de Oxford/AstraZeneca será la más difícil de adaptar a las nuevas cepas, porque requiere el crecimiento de nuevos cultivos celulares, lo que lleva semanas.
Esta vacuna es crucial para programas como Covax para su uso en países pobres, porque es más barata y no necesita almacenarse a temperaturas superbajas como los productos de Pfizer y Moderna basados en ARNm, por ejemplo. Si resulta ser ineficaz contra las nuevas cepas, esto podría ser un golpe muy duro para los esfuerzos de vacunación en los países menos desarrollados.
Sacar provecho de la pandemia
Y como hemos explicado anteriormente, el éxito desigual de la distribución de vacunas en los países capitalistas avanzados se explica en parte por la profunda y omnipresente desconfianza con el establishment. Esto está llevando a un escepticismo generalizado sobre las vacunas, siendo los grupos oprimidos especialmente reticentes.
En Gran Bretaña (donde el despliegue ha sido comparativamente exitoso), hasta 10 millones de personas – incluyendo hasta la mitad de los trabajadores de la salud, en la primera línea de la lucha contra el COVID-19 – podrían negarse a vacunarse. Además, las vacunas aún no están autorizadas para los niños.
Los gobiernos de Suecia, Francia, Italia, Austria, Bulgaria y Alemania están tratando de superar la resistencia pública a la vacuna de AstraZeneca, después de que los informes sobre los efectos secundarios (perfectamente normales) fueran aprovechados por los teóricos de la conspiración de derechas para desacreditar la vacuna, junto con el manejo desordenado de la UE de la puesta en marcha, que ya minó la confianza del público.
Se ha calculado que podría ser necesario vacunar hasta al 80% de la población nacional para acabar con las nuevas variantes del virus. En conjunto, todo lo anterior hace que este objetivo sea una tarea muy difícil.
Para reiterar: esta pandemia no terminará realmente hasta que la población de todo el planeta esté vacunada. La gran industria farmacéutica, que controla la mayor parte de los medios de producción farmacéutica, puede aumentar la fabricación de vacunas para conseguirlo en cuestión de meses.
Esto podría hacerse mediante la ampliación de la capacidad: convirtiendo las plantas existentes para producir vacunas, por ejemplo, como fue el caso de la producción de EPIS en las fábricas textiles, y de respiradores en las plantas de automóviles al principio de la pandemia. Pero esta capacidad extra quedaría ociosa cuando la pandemia terminara, por lo que sería mucho más rentable simplemente mantener el tamaño de las fábricas existentes a pleno rendimiento durante los próximos años.
Otra opción sería que las grandes empresas farmacéuticas pusieran sus investigaciones y datos a disposición del público, de modo que otras empresas y laboratorios estatales pudieran producir versiones genéricas de las vacunas COVID-19 en cualquier parte del mundo.
Varios miembros de la Organización Mundial del Comercio (encabezados por Sudáfrica e India) proponen que se renuncie a la protección de la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 con este fin. Como declaró el delegado sudafricano de la OMC: «Mientras Roma arde, nosotros nos dedicamos a dar vueltas a esperar».
Y continuó:
«Las primeras vacunas eficaces estaban listas hace cuatro o cinco meses. ¿Creen que habría sido diferente si tuviéramos la capacidad de fabricarlas? Desde luego, creo que sí».
«La infraestructura ahora mismo proporciona un mínimo y deja el resto al sector privado. No creo que los gobiernos deban externalizar su responsabilidad en materia de salud pública a empresas privadas que sólo son responsables ante los accionistas».
Esto es absolutamente correcto. Sin embargo, las grandes farmacéuticas no están dispuestas a ceder el control de su propiedad intelectual, que les permite monopolizar la producción de vacunas y acaparar enormes ganancias.
Los Estados burgueses no van a dictar a los capitalistas lo que deben hacer con su propiedad privada. De hecho, la UE y el Reino Unido se alinearon para bloquear la propuesta de exención de patentes, lo que llevó a Roz Scourse, asesora política de MSF Access, a denunciar esta hipocresía, dada la reciente pelea por las vacunas de AstraZeneca no entregadas.
«Esto está mostrando realmente a la UE y a otros países ricos lo que ocurre cuando se entregan todos los derechos y el control de la fabricación y distribución de las vacunas Covid a enormes corporaciones multinacionales en el momento de una pandemia», dijo Scourse.
Y tiene toda la razón, por lo que hay que arrebatar este control a las grandes empresas farmacéuticas mediante la expropiación y la gestión democrática bajo un Estado obrero.
Tal y como están las cosas, estamos atrapados en una carrera contrarreloj mortal, mientras el virus sigue mutando y el final de esta pesadilla se aleja cada vez más en el futuro.
Enfermedad endémica
Dada la espiral de las tasas de infección, el escepticismo de la población respecto a las vacunas y el conjunto de nuevas variantes, muchos comentaristas y políticos burgueses afirman ahora que el COVID-19 ha llegado para quedarse. Un artículo reciente de The Economist, por ejemplo, afirmaba que «la enfermedad circulará durante años y parece que se convertirá en endémica».
La revista liberal afirma que, en lugar de tratar el COVID-19 como «una emergencia que pasará», los gobiernos deberían centrarse en medidas para contener y gestionar el virus, con mascarillas, sistemas de seguimiento y localización y vacunas de refuerzo anuales que se conviertan en un elemento de la vida cotidiana.
El Ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, se hizo eco de esta opinión, afirmando que el COVID-19 podría tratarse como la gripe estacional, con un programa de vacunación anual que emplee vacunas actualizadas periódicamente para tener en cuenta las nuevas mutaciones.
Sin embargo, la COVID-19 es más infecciosa y tiene una mayor tasa de mortalidad que la gripe estacional. Las medidas propuestas por Hancock no evitarían los brotes regulares, que seguirían causando miles de muertes al año.
“Vivir con COVID» no es más que la vieja estrategia de la «inmunidad de rebaño» recalentada: significaría un ciclo interminable de cuarentenas, la saturación periódica de los hospitales y un estado permanente de incertidumbre para millones de personas.
De los comentarios de Hancock también se desprende que, con el número de muertes e infecciones que empieza a descender, los Conservadores se ven presionados una vez más por las grandes empresas para que pongan fin al último confinamiento antes de tiempo, con el fin de que los beneficios vuelvan a fluir de nuevo. En otras palabras, la historia se prepara para repetirse.
“Cero-COVID”
En respuesta a estos argumentos, desde algunos sectores se ha propuesto que los gobiernos sigan una estrategia de «Cero-COVID». La BMJ [Revista Médica Británica por sus siglas en inglés] la define como la «reducción a cero de la infección en una zona geográfica definida» mediante una combinación de estrictos controles fronterizos, cuarentenas efectivas y pruebas rigurosas para aislar y contener rápidamente los nuevos casos.
El diputado laborista de izquierdas Richard Burgon señala en Tribune que la vida en Nueva Zelanda (que sólo ha visto 25 muertes por COVID-19 en total) ha vuelto prácticamente a la normalidad tras la aplicación de estos métodos. La gente puede asistir a eventos públicos de gran envergadura, como festivales musicales, sin temor a contagiarse.
Burgon argumenta que los métodos de Nueva Zelanda podrían reproducirse en Gran Bretaña, y afirma con razón que la flagrante mala gestión de la pandemia por parte de los Conservadores ha provocado un número de muertes drásticamente elevado, lo que no tenía por qué ser el caso:
«En Gran Bretaña los casos se redujeron a uno por cada 100.000 personas a principios del verano, después del primer confinamiento. Estábamos en camino de poder reducirlo aún más y eliminarlo efectivamente. Entonces el gobierno le dijo a la gente que saliera a gastar, que volviera al trabajo e hizo un deber patriótico llenar los pubs, y envió a los niños de vuelta a la escuela sin llevar a cabo las medidas de seguridad que el personal escolar exigía con razón.»
El deseo de proteger los beneficios de sus mecenas de las grandes empresas guió el desordenado planteamiento de los conservadores respecto al COVID-19. Es una tragedia pensar que, en agosto de 2020, sólo había dos o tres muertes por COVID-19 al día. En diciembre, esta cifra había subido a más de 1.000.
En parte por estas razones, promulgar ahora una estrategia de COVID cero en Gran Bretaña no sería lo mismo que en Nueva Zelanda. En este último país, el gobierno adoptó medidas estrictas desde el principio, por lo que los casos nunca alcanzaron niveles elevados.
Ahora va a ser necesario un período más largo de cuarentenas, combinado con la vacunación, para reducir el número de casos en Gran Bretaña a un nivel en el que se puedan rastrear eficazmente los nuevos. Por eso es aún más importante no poner fin al actual confinamiento antes de tiempo.
Necesidad del internacionalismo
Además, hay que tener cuidado de no confundir Cero-COVID con una estrategia para eliminar definitivamente el virus. Como explica la BMJ:
«Hasta la fecha, la única enfermedad humana erradicada a nivel mundial es la viruela, que tardó 30 años en conseguirse y dependía de una vacuna eficaz… Lo que Nueva Zelanda ha conseguido es que no haya habido ningún caso adquirido localmente en tres meses, lo que, aunque es impresionante, está lejos de la definición generalmente aceptada de eliminación».
Es posible reducir el número de casos de COVID-19 hasta el punto de que no sea necesario eliminarlo por completo, sino que se pueda controlar y contener su amenaza. Sin embargo, hay que acabar con la pandemia a nivel internacional, y esto requiere un proyecto global. Los países no pueden mantener un estado de sitio para siempre. El bajo número de casos en Nueva Zelanda se mantiene gracias a un estricto control fronterizo. Pero el virus sigue siendo una amenaza, como atestigua la detección de la variante Kent en Auckland (que llevó a un confinamiento de tres días).
Dado que es poco probable que muchos países se vacunen durante años, el virus seguirá circulando y mutando, y siempre existe el riesgo de que vuelva a aparecer. El mismo artículo de la BMJ citado anteriormente considera la eficacia del Cero- COVID Cero y cómo podría lograrse:
«En un mundo globalizado, las infecciones viajan a través de los continentes en cuestión de días. Las restricciones a los viajes y las medidas de control fronterizo pueden frenar la propagación de las infecciones. Una vez que la incidencia local de la enfermedad es baja, los recursos de protección de la salud pueden dirigirse a abordar los casos importados. De hecho, a lo largo de los años, los equipos de protección sanitaria a nivel nacional han mantenido a raya enfermedades importadas como la fiebre tifoidea, el ébola y el MERS-CoV. En última instancia, lo deseable es la erradicación mundial, es decir, eliminar el COVID-19 en todas partes y de forma permanente. Pero esto es un reto, y requerirá un liderazgo y una coordinación global».
Aquí está el problema. Acabar con esta pandemia de una vez por todas requeriría un esfuerzo global y coordinado a escala mundial.
Sin embargo, en este momento estamos viendo precisamente lo contrario: los líderes capitalistas están todos velando por sus intereses nacionales, y el sistema de ganancias empresariales está obstaculizando la producción y distribución de los recursos necesarios para vacunar a la población.
Sistema enfermo
Las valoraciones de Hancock y The Economist reflejan el pesimismo de una clase dirigente que se enfrenta a un reto aparentemente insuperable. Los capitalistas y sus representantes políticos se encogen de hombros ante la inevitable conclusión de que esta crisis no se puede superar del todo.
Esto se parece mucho al cambio climático, que también supone una amenaza existencial a largo plazo para todo el sistema capitalista (y el planeta). Y al igual que con el cambio climático, los medios para mantener permanentemente el control o incluso erradicar el COVID-19 existen, pero entran en conflicto fundamentalmente con los intereses nacionales y de lucro de la clase dominante. Como resultado, los burgueses se resignan a retoques superficiales, en el mejor de los casos.
Incluso sobre una base capitalista, hay un montón de medidas que podrían y deberían tomarse para reducir rápidamente el número de nuevos casos, contener los brotes y vacunar a las poblaciones.
De hecho, estamos totalmente de acuerdo con las propuestas de Burgon: que se realicen pruebas gratuitas y generalizadas; que se pague un salario real por enfermedad para fomentar que la gente se quede en casa sin ningún perjuicio económico; que se realicen pruebas de COVID-19 generalizadas y gratuitas; que se proporcione Internet de forma gratuita para que los niños puedan asistir a clases en línea desde casa; y que se apliquen adecuadamente los confinamientos combinados con la localización de contactos.
Añadimos que deberían aplicarse moratorias de alquiler y prohibiciones de desalojo para evitar que las personas que han perdido sus ingresos acaben sin hogar. Además, las personas que entren en el país deben ser sometidas inmediatamente a pruebas y, si llegan de zonas con altos niveles de COVID, deben ser puestas en cuarentena a cargo del Estado.
Además, debemos hacer frente a la creciente brecha de acceso a las vacunas haciendo que las empresas farmacéuticas privadas pasen a ser de propiedad pública, de modo que podamos aumentar la producción de vacunas en beneficio de las necesidades humanas, en lugar del lucro.
Se han destinado unos 100.000 millones de dólares de dinero público al desarrollo de vacunas contra el coronavirus, no hay ninguna razón para que las empresas privadas se lucren con estos medicamentos. Por el contrario, estas vacunas deberían distribuirse a todo el mundo, de forma gratuita y rápida, antes de que se desarrollen variantes aún más virulentas, para que pueda reanudarse, por fin, una cierta normalidad.
La especulación, el nacionalismo de las vacunas y el acaparamiento que suponen los mayores obstáculos para acabar con esta pandemia provienen directamente del podrido sistema capitalista.
La experiencia de esta catástrofe de salud pública llevará a más y más personas a sacar la conclusión de que este sistema es incompatible con un futuro seguro y saludable para la humanidad. Estas lecciones pesarán mucho en la mente de la clase obrera durante el tormentoso período en que estamos entrando.
Los marxistas debemos estar preparados con un programa y un partido revolucionario para trazar un nuevo rumbo.
