La ley de ART fue aprobada en la legislatura santafesina en un trámite exprés. Con las reformas a ocho artículos que introdujo la Cámara de Diputados y que aceptó el Senado quedó definida la adhesión santafesina a la, antes resistida por los ahora oficialistas y sindicatos, ley nacional 27.348 sancionada en 2017 complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Aunque la votación fue rápida, fue dividida. En la Cámara de Diputados hubo 27 votos a favor, nueve abstenciones y ocho votos en contra. En el Senado no hubo votos en contra, tal como ocurrió el 25 de junio cuando se le dio la primera media sanción. (ver Intervino Perotti y el Senado dio media sanción a la Ley de ART)
Así se reemplazará la instancia judicial por una comisión médica que será la encargada de analizar la situación de cada trabajador y determinará en cuanto a indemnizaciones y declaraciones de incapacidad, de esta forma el trabajador pierde el derecho a reclamar en otra instancia. La expectativa, según argumentan los votantes positivos, es reducir la litigiosidad y descomprimir el fuero laboral, especialmente en Rosario y su cordón industrial.
El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman, jugó de manera activa con su política por la adecuación de la Ley, junto al gobernador Omar Perotti, mediando varias veces entre los bloques legislativos, especialmente en la Cámara de Diputados donde, pese a su esfuerzo persuasivo, el oficialismo no tuvo votos favorables al proyecto, logrando la adhesión de los principales gremios que representan a trabajadores privados.
Sus fundamentos fueron que “Es muy importante la sanción porque repara una demora de mucho tiempo donde se venía discutiendo en Legislatura tener una instancia administrativa para resolución de conflictos suscitadas por enfermedades o accidentes laborales”, agregó el ministro.
A tres años de la promulgación de la Ley Complementaria 27.348, Santa Fe se sumó -a solicitud del Presidente Alberto Fernández- al lote de 15 provincias que ya adhirieron. Junto a CABA, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, si se toma en cuenta los datos de 2019, concentran el 85% de la litigiosidad del país y el 76% de la siniestralidad laboral. “Es una excelente ley producto del consenso en Diputados y Senadores” recalcó Sukerman. “Se tomó lo mejor de cada proyecto, de leyes de otras provincias. De funcionar el sistema como esperamos se va a garantizar el derecho de los trabajadores, se va a reducir la litigiosidad y los empresarios van a ver una baja de las alícuotas de ART y mayor certeza en el sistema” favoreciendo claramente al empresariado que se libera de la intervención del fuero laboral.
El diputado radical Julián Galdeano saludó la sanción. “Tenemos una justicia laboral colapsada con 130 mil juicios pendientes y esta ley agiliza y descomprime esto. También mejora los costos siniéstrales”, observó. El gobernador Omar Perotti había asumido reanudar con el tema y en marzo de este año fue el ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, quien estuvo en la Legislatura junto al gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Marcelo Domínguez. Moroni destacó allí que en las provincias adheridas “bajaron fuertemente la cantidad de litigios laborales que llegan al sistema judicial” y que la normativa permite “mecanismos de prevención adecuados” para el trabajador. Además la norma crea el “Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas Jurisdiccionales – Ley 27.348” que tendrá por objeto velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la ley a través del monitoreo garantizando en todo momento los derechos de los trabajadores y funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe. Sukerman calificó como interesante ese observatorio “para seguir muy cerca el funcionamiento del sistema”.
Entre las abstenciones estuvo la del jefe de bancada oficialista, Leandro Busatto, quien dijo que: “Es una ley que no beneficia a los trabajadores. Ya le habíamos adelantando al gobernador que el bloque tenía una posición distinta. Acá no hay buenos ni malos”, destacó al Ejecutivo “por comprender la situación política en la que estábamos fundamentalmente Rubeo y yo que veníamos de la composición anterior de la Cámara y habíamos negado el apoyo al tema”. Por su parte las tres mujeres del bloque votaron en rechazo. “Esta ley se lleva puesto el derecho laboral completo tal como lo conocemos. Ese derecho laboral que reconoce desde la década del 40 que las que litigan en un asunto como este no son partes iguales. Ese mismo derecho que marca claramente que al que hay que proteger es al trabajador que es la parte débil en un litigio”, planteo la diputada Matilde Bruera,”los que voten esta ley se van a estar exponiendo a un alto costo político”, sentenció. La diputada Paola Bravo argumento su voto negativo considerando que la ley “viene a cambiar los términos del conflicto, mostrando como víctimas a las empresas y a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y mostrando como victimarios a las y los trabajadores, a las y los abogados laboralistas y a los jueces del trabajo.
También cabe resaltar que todas las ART que operan en la provincia decidieron de conjunto no considerar más al Covid-19 como enfermedad profesional, limitando las prestaciones solamente a los trabajadores de la salud, las aseguradoras se basaron en un artículo del decreto nacional que indica que esa cobertura es obligatoria mientras dure la etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La provincia de Santa Fe superó esa etapa en el mes de junio, cuando todavía no había circulación comunitaria del virus, por ese motivo, las ART dejaron de cubrir los tratamientos a los trabajadores con Covid-19.
Para el ministro de Trabajo de la provincia, la decisión de las ART es solo una “una cuestión técnica”. Algunos sectores gremiales como municipales, molineros, aceiteros y metalúrgicos vienen reclamando tibiamente su posición opositora a dicha ley. Otros como AMSAFE, La Bancaria, UTA y varios del arco gremial santafecino, realizaron un pañuelazo contra lo votado en la cámara de diputados. “Todo el mundo la señala como una ley macrista y el gobierno peronista de la provincia, el viceministro de Trabajo de la Nación y la Cámara de Diputados, encabezada por un socialista, Miguel Lifschitz, apoyan una ley macrista. En realidad, es una ley que tiende a satisfacer intereses patronales” aseveró, Gustavo Terés, AMSAFE. Por su lado Analia Ratner, del gremio bancario, dijo que: “Estamos hablando de cómo reparar la incapacidad y el accidente sufrido por un trabajador en vez de hablar de la prevención. Las diputadas y los diputados que nos representan son elegidos a través del voto popular. Tendrían que votar en consenso con la representación del pueblo, que los eligió para que estén en esas bancas”. Desde los gremios advirtieron que los grandes ausentes en el debate actual en torno a la normativa son la prevención y el cuidado de la salud de los trabajadores. Aunque contamos con gremios que se oponen, no ha habido acciones concretas para frenar la ley. Todo se reduce a pañuelazos y demás medidas sin tocar lo que les duele a los capitalistas: sus bolsillos a través de pararles la producción, o los bancos o las aseguradoras, o las fábricas. Muchos señalan que no es el momento político ya que debilita al gobierno Nacional de Alberto Fernández, otros dicen que de esta manera le hacen el juego a la derecha. Por lo tanto, debemos sostener la gobernabilidad. Pero la gobernabilidad va en directo detrimento a los intereses de los y las trabajadoras.
Solo con una organización y programa propio, con independencia de cualquiera de las variantes o facciones capitalistas y sus representantes políticos que levantan un programa social, económico y político de conciliación con nuestros verdugos, podremos forjar nuestro futuro. Solo tomando el destino de nuestras vidas podremos avanzar en resolver las demandas pendientes y forjar nuestro propio gobierno: ¡Un Gobierno de los Trabajadores!
