¿Qué sucede en Costa Rica? – Un análisis de clase

La República de Costa Rica siempre fue vista por la comunidad internacional como un país donde “nunca pasaba nada”, pues por décadas había logrado mantener cierta estabilidad política en comparación con casi todos los demás países de Latinoamérica, manteniendo un sistema democrático pleno según varios organismos. Si bien hubo luchas importantes dentro del país como la que se dio contra el TLC en el 2007, la huelga general contra el Plan Fiscal en 2018 (la más larga en la historia del país) y la lucha de los estudiantes contra las reformas al presupuesto de la educación pública universitaria en 2019, al menos desde el año 2000 luego de la huelga contra el combo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ninguna lucha llegó a contar con el suficiente interés público como para llamar la atención de los medios de comunicación internacionales.

Todo cambió en septiembre de este año, cuando el pueblo costarricense inició con una serie de manifestaciones pacíficas que terminaron derivando en bloqueos de ruta y protestas multitudinarias en todos los sectores del país, donde la represión y la violencia se dejaron ver, mostrándole a muchos que al parecer Costa Rica no era tan pacífica como aparentaba.

El origen de la crisis

Una de las razones por las que Costa Rica se ganó su reputación de país próspero y ejemplar fue el hecho de que a partir de la década de 1940 con la aplicación de las Garantías Sociales, se instauró un modelo socialdemócrata con un Estado de Bienestar fuerte, cuya economía dependía en buena parte de la producción local. Sin embargo, sucedió que para la década de 1970, ante una nueva crisis generalizada del capitalismo, este se vio en la necesidad de adaptarse a un nuevo modelo menos amigable para los pobres y más tentador para los ricos que el anterior: el neoliberalismo.

Cuando la agenda neoliberal se impuso sobre todos los países del bloque capitalista entre los 70 y los 80, Costa Rica no se salvó. Organismos imperialistas como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial intervinieron en la economía del país aplicando los llamados Programas de Ajuste Estructural, que según ellos eran la solución a la grave crisis económica que había en ese momento. Claramente, estos programas consistían en la venta masiva de activos del Estado, reducción de aranceles y regulaciones al comercio exterior con la intención implícita de volver al país dependiente de las exportaciones de otros y deteriorar su economía local, y exoneración de impuestos a las grandes empresas productoras para aplicarlos al consumo, o sea, menos impuestos para los ricos y más impuestos para el pueblo.

Desde ese momento hasta la actualidad se dio la caída del modelo costarricense. Se deterioraron muchas instituciones públicas de prestigio internacional como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el ICE, la pobreza y el desempleo empezaron a crecer, al igual que el costo de vida en relación con los salarios, a partir del 2010 se empezó a percibir una deuda pública que ahora es superior al 50% del PIB, la Costa Rica que alguna vez fue uno de los países con mayor igualdad socioeconómica es ahora el noveno país más desigual del mundo, cuyas tasas de pobreza y desempleo ya alcanzaron cifras históricas de 27% y 21% respectivamente.

Ante esta presente crisis, el gobierno de Carlos Alvarado y el Partido Acción Ciudadana (PAC), impulsó desde su comienzo en el 2018 una reforma fiscal que pretendía, entre otras cuestiones, aplicar más impuestos a los bienes de consumo (continuar con la receta neoliberal, básicamente) para así, supuestamente, adquirir ingresos para pagar la deuda.

No obstante, pasó un año y la deuda no se redujo, más bien subió junto con todos los problemas sociales. Obviamente, la pandemia de la COVID-19 solo empeoró las cosas, las problemáticas se incrementaron aún más, se estaba acumulando mucho descontento en la población.

Para mediados del 2020, ya se estaba hablando de pedir un nuevo préstamo al FMI para “solucionar los problemas provocados por la pandemia”. ¿Más endeudamiento?, se preguntaron algunos sectores del pueblo. Para finales de agosto, el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado en el que se anunciaban, como parte de lo que se venía acordando con el FMI, amplios recortes al gasto público para el presupuesto del 2021, incluyendo un importante recorte a los salarios del sector público. Este documento no llegó a llamar tanto la atención de la gente, lo que sí acabó siendo la gota que derramó el vaso fue la propuesta que anunció el Presidente a mediados de septiembre para el acuerdo con el FMI: en resumen, todavía más impuestos para el pueblo, de entre los cuales destacó un impuesto que se aplicaría a las transacciones bancarias, o sea, a las personas se les cobraría un impuesto cada vez que depositaran o retiraran dinero de sus cuentas bancarias.

Esto ya fue demasiado para prácticamente todos los sectores del pueblo, que con todos los medios que tenía a su alcance salió a decir “¡No más impuestos!” y “¡Fuera el FMI!”. La rebelión popular estaba por iniciar.

El Movimiento Rescate Nacional (MRN)

Entre las primeras figuras públicas en levantar la voz contra el nuevo plan del gobierno estuvieron Celimo Guido y José Miguel Corrales, dos personas de orientación socialdemócrata que siempre han asumido un papel de mediadores en los conflictos de clases. Guido y Corrales fundaron en septiembre el Movimiento Rescate Nacional, el cual convocó a protestas modestas frente a Casa Presidencial durante ese mes a la vez que compartían la lista de demandas del movimiento, las cuales realmente eran muy progresivas: justicia tributaria para que el rico pague como rico y el pobre como pobre, entrega de tierras a los campesinos, mejoramiento de las condiciones de vida de los pescadores y trabajadores agrarios, ataque a la evasión y elusión fiscal, entre otras.

A pesar de esto, la afiliación al MRN inició siendo muy heterogénea, integrando tanto sectores de izquierda como el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Trabajadoras (PRT) y algunos sindicatos que también exigían el cierre de la negociación con el FMI, como sectores de derecha conservadora que proponían la venta de empresas estatales como alternativa a la aplicación de impuestos e incluso tacharon al gobierno de “socialista” porque para ellos los impuestos altos son sinónimo de socialismo. Al MRN incluso se sumaron personas sin ninguna afiliación o formación política que solo estaban descontentas. Pero, en fin, el Movimiento Rescate Nacional logró consolidarse como la principal organización de masas frente a la coyuntura actual. Así convocaron a una manifestación frente a la Asamblea Legislativa para el 30 de septiembre.

Los bloqueos

Ese mismo 30 de septiembre, en varios lugares del país, sobre todo en los cantones de la periferia, donde más duro estaban golpeando los problemas sociales, decenas de personas se organizaron e impusieron bloqueos de ruta mientras se daba la manifestación principal en el centro del país y continuaron por varios días. La represión y las revueltas no se hicieron esperar, la policía a las pocas horas llegó a lanzar gases y bengalas mientras los manifestantes se las arreglaban para mantenerse en pie de lucha. Se dio el caso de unos traileros que se pusieron debajo de un tanque de combustible para decirle a los policías que si se atrevían a dispararles con cualquier cosa se arriesgaban a que el tanque explotara, no tenían nada que perder. Los medios de comunicación burgueses no tardaron en informar sobre la violencia cometida por los manifestantes y el daño físico sufrido por algunos policías, y cómo los bloqueos paralizaban la economía, pero esto no desmovilizó nada.

El martes 6 de octubre, se convocó a una manifestación en el centro de San José a la que acabaron asistiendo miles de personas, pues a esta convocaron múltiples sindicatos y partidos políticos como el Frente Amplio (el partido de izquierda más grande de Costa Rica) y el Partido Pueblo Unido. Lo que muchas personas que integraban los bloqueos hicieron fue dejar a un relevo en estos para irse a la manifestación y regresar en unas horas. También sucedía que los policías lograban levantar un bloqueo en algún lugar del país, pero al poco tiempo aparecía otro bloqueo en otro lugar.

Ante la incapacidad para reprimir la furia del pueblo, el gobierno decidió jugar a una de sus mejores cartas: convocar al diálogo. La dinámica de esto siempre ha sido recibir en la Casa Presidencial a unos supuestos representantes de los movimientos sociales para que digan lo que quieran decir mientras los funcionarios gubernamentales hacen como que los escuchan y acaban firmando un acuerdo que lo único que hace es suavizar un poco las propuestas iniciales. De hecho, otra carta que jugó el gobierno fue la de “cancelar el acuerdo inicial”, cosa que al final no terminaba eliminando el asunto de fondo que era la negociación con el FMI. El pueblo con sus experiencias pasadas, no reconoció ni legitimó ninguna de las dos propuestas gubernamentales.

La brutalidad policial

La única opción que le quedaba al gobierno para poder continuar con sus planes fue aumentar la represión. Aquí cabe mencionar que, aunque Costa Rica presuma ser un país sin ejército, eso en realidad no es ninguna limitación para el aparato de represión de la burguesía, más bien, sucede que Costa Rica invierte más en equipo militar que los otros cuatro países de Centroamérica juntos y los miembros de la Fuerza Pública son entrenados por organizaciones militares sumamente reaccionarias como los Carabineros de Chile, el Comando Sur y el Ejército de Colombia; también adquieren vehículos blindados de Estados Unidos. ¿En qué guerra estamos peleando?

El Ministro de Seguridad, Michael Soto, se envalentonó y salió a decir que tenían gases suficientes para lanzarle a toda la población y estaban adquiriendo más, eso mientras el presidente Alvarado se encontraba de viaje en Panamá presuntamente buscando refuerzos. Helicópteros militares sobrevolaron las zonas por las que se encontraban los bloqueos como si se tratara de una guerra de guerrillas, la policía comenzó a lanzar gases no solo a los manifestantes que sostenían los bloqueos, sino dentro de las casas en las que estos se refugiaban, varias personas inocentes terminaron hospitalizadas por inhalar los gases en espacios cerrados teniendo problemas respiratorios. A algunos manifestantes los pusieron bajo arresto para que luego no se volviera a saber nada de ellos durante más de un día, algo que legalmente se reconoce como desaparición forzada. Por último, se demostró con evidencia fotográfica que la policía estaba ingresando infiltrados a los bloqueos con el fin de que estos actuaran con violencia para así darle a los policías una excusa para reprimir. La justificación de todo esto fue una supuesta lucha contra el narcotráfico que según el Ministerio de Seguridad se había infiltrado en los bloqueos, aún si esto fuera cierto, no es necesario explicar las verdaderas intenciones del aparato represor del capital.

Eventualmente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) intervino al denunciar la brutalidad policial, se emitieron varias denuncias contra Carlos Alvarado y Michael Soto por violaciones a los derechos humanos. Por el lado contrario, la Sala Constitucional de Costa Rica le comunicó al Poder Ejecutivo la necesidad de levantar los bloqueos lo más pronto posible.

La traición del MRN

Desde el momento en que se empezó a hablar de supuestos narcotraficantes infiltrados en los bloqueos, el dirigente José Miguel Corrales llamó a levantar los bloqueos, mostrando así su mentalidad oportunista. Su compañero Celimo Guido, en cambio, se manifestó a favor de los bloqueos. Ellos siguieron convocando a manifestaciones frente a Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa mientras trataban de establecer una mesa de diálogo con el gobierno que fuera medianamente creíble. Más adelante entra el juego el papel de la Unión Costarricense de Cámaras, Asociaciones y Empresas Privadas (UCCAEP), que es básicamente la institución que agrupa a una buena parte de la burguesía costarricense.

La UCCAEP a los pocos días del inicio de los bloqueos ya se encontraba presionando al gobierno para que los levantara, de lo contrario, sus capitales no circulaban. La relación entre el gobierno y la UCCAEP, que hasta entonces había sido muy estrecha, empezaba a deteriorarse. Llegó un momento en el que el gobierno convocó a una mesa de diálogo a la que finalmente accedieron a asistir los del MRN y algunos sindicatos. Fue sorpresiva la respuesta de la UCCAEP a la invitación para participar: se negó ya que consideraba que no se le estaban dando suficientes espacios (seguramente quería tener la mayoría), por lo que declaró la mesa de diálogo como ilegítima.

Finalmente, de forma inesperada, pero para nada extraña, el MRN rompe el diálogo con el gobierno para negociar directamente con la UCCAEP. El oportunismo de la dirigencia del MRN quedó en evidencia ante todo el pueblo al acceder a negociar con la institución que representa todo lo que en un inicio afirmó combatir: la evasión de impuestos, la violación de los derechos laborales, el interés por la venta de empresas estatales y la corrupción. Para concretar su traición, llamaron a levantar todos los bloqueos al menos mientras duraran las negociaciones, aunque, como ya se mencionó, el MRN realmente nunca representó en su totalidad a una serie de movimientos que surgieron de forma espontánea ante una larga acumulación de descontento. Si bien el número de bloqueos al final sí se redujo, este movimiento aún está presente y se moviliza con el apoyo de varias organizaciones populares.

¿Qué sigue?

Lo que más le falta a este movimiento es una orientación política adecuada que lo conduzca por un camino concreto. se debe hacer un esfuerzo para detectar todos los elementos oportunistas para poder expulsarlos. utilizar las tácticas de lucha de la clase obrera más eficaces para conseguir sus demandas, sabiendo cómo hay que defenderse de la policía y cómo detectar infiltrados. La ausencia de un partido de la clase obrera que pueda dotar al movimiento de los trabajadores de cuadros revolucionarios es una debilidad para el movimiento, la energía de las masas se desperdicia si no hay una dirección revolucionaria con un programa claro anticapitalista y socialista. El problema va más allá de un acuerdo con el FMI, el problema es el sistema capitalista y su desgaste a nivel mundial, y por más que se le intente reformar, el problema de base persistirá, por lo que la única solución es la revolución socialista. Todas las organizaciones revolucionarias deben unirse para encaminar al golpeado y enfurecido pueblo costarricense hacia un nuevo horizonte.