El movimiento en Ecuador contra el paquetazo de Lenín Moreno y el FMI que se inició el 2 de octubre ha alcanzado proporciones insurreccionales. El estado de excepción declarado el viernes y la utilización de la policía y el ejército (1 muerto, decenas de heridos, cientos de detenidos) no ha parado el movimiento de obreros, jóvenes y campesinos. En algunas provincias se han asaltado las gobernaciones y la poderosa organización indígena CONAIE ha declarado su propio estado de excepción. Ayer, lunes 7 de octubre, ante la llegada de las columnas indígenas a la capital Quito, Lenín Moreno se vió obligado a evacuar el palacio presidencial y trasladar el gobierno a Guayaquil. Obreros y campesinos se preparan para la huelga general del miércoles 9 de octubre. El gobierno pende de un hilo.
Lo que empezó como una protesta contra el paquetazo de medidas del gobierno y el FMI se ha desarrollado hacia una insurrección nacional. El anuncio del gobierno de un acuerdo con los transportistas fue una declaración vacía. En los últimos días hemos visto al estado perder parcialmente el control de la situación. La brutal represión por parte de la policía y, desde la declaración del estado de excepción, también del ejército, lejos de detener las protestas han atizado todavía más las llamas de la rebelión.
Todo movimiento genuinamente revolucionario tiende a romper el aparato del estado en líneas de clase, y en Ecuador estamos empezando a ver ejemplos de esto en los últimos días. En primer lugar la declaración del estado de excepción por parte de la CONAIE es un desafío directo al poder del estado y a su monopolio de la violencia. La CONAIE anunció que ni la policía ni el ejército eran bienvenidos en sus comunidades y que si entraban serían detenidos. Y así sucedió por lo menos en tres casos.
En Otavalo, provincia de Imababura, al norte de Quito, las comunidades detuvieron el viernes a 10 policías del Grupo de Intervención y Rescate, que no fueron liberados hasta al día siguiente después de negociaciones. En el cantón Nizag, Alausí, provincia del Chimborazo, al este de Guayaquil, la comunidad capturó a 47 militares de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos y 10 policías, por haber lanzado botes lacrimógenos contra la población. Finalmente fueron liberados y rescatados en helicóptero el lunes. En Latacunga, provincia de Cotopaxi, al sur de Quito, la Unión de Comunidades Indígenas y Campesinas de Cotopaxi también retuvo el domingo a un grupo de policías y militares que trataban de detener a jóvenes manifestantes.
En otras poblaciones la policía y el ejército se han retirado, incapaces de levantar los bloqueos de carretera. Hay imágenes de policías enviados a reprimir que han terminado escoltando las columnas indígeno-campesinas que avanzan para converger en la capital Quito. Algunos soldados rasos seguramente simpatizan con las protestas de sus hermanos, esposas y madres. Otros habrán decidido que no tenía sentido ser atacados para defender este gobierno. Son todavía casos aislados, pero muy significativos.
El domingo por la noche Lenin Moreno hizo un llamado al diálogo a “nuestros hermanos indígenas”, en un tono muy diferente del que usó cuando la declaración del estado de excepción el jueves por la noche. Entonces hablaba de que las medidas no eran negociables y amenazaba a los manifestantes que “habría consecuencias”. “La violencia y el caos no van a ganar. No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices” había declarado. Ahora se veía forzado, sobrepasado por los acontecimientos, a ofrecer un “diálogo sincero”. Demasiado tarde. La consigna del movimiento en su inicio era “o cae el paquetazo, o cae el gobierno”, ahora ya es una cuestión de tumbar al gobierno para tumbar el paquetazo.
El lunes amaneció con el gobierno paralizado y perdiendo el control de la situación. De madrugada vehículos blindados transportaban a tropas con boinas rojas para proteger el palacio presidencial. El dirigente de la CONAIE Jaime Vargas respondió a la oferta de negociaciones diciendo que daban por cortado el diálogo con el gobierno hambreador y represor, y que se dirigían a la capital. Columnas indígenas de todo el país marchaban ya hacia Quito y nada podía detenerlas. En todas las vías de acceso hubo batallas y enfrentamientos entre manifestantes de un lado y policía y ejército del otro. No pudieron detener al pueblo en movimiento. En una de las entradas a la ciudad los manifestantes incendiaron uno de los vehículos blindados.
En los últimos días se produjeron saqueos en varias ciudades y durante las manifestaciones del lunes en la capital hubo actos de vandalismo. La CONAIE respondió que estos eran obra de provocadores infiltrados y que iban a usar la guardia indígena para resguardar las manifestaciones.
Las columnas obrero-campesinas en la capital iban rompiendo todas las barreras a su paso y avanzaban hacia el palacio de Carondelet, militarizado. Un grupo de manifestantes trataron de timar el edificio de la Asamblea Nacional. Finalmente el gobierno tuvo que suspender la rueda de prensa anunciada y evacuar a los periodistas del palacio presidencial. En una alocución televisada, flanqueado por el vice-presidente, el ministro de defensa y los generales del ejército, Lenín Moreno anunció que trasladaba la sede de gobierno a Guayaquil. El poder ejecutivo huía despavorido ante la ofensiva de obreros, campesinos y estudiantes, y se veía obligado a abandonar la capital del país!
En su alocución, Lenín Moreno utilizó el viejo truco de tratar de desprestigiar la protesta diciendo que se trataba de un complot por parte de Maduro y Correa. Una afirmación doblemente ridícula pues obviamente fueron el FMI y el propio Moreno quienes diseñaron el paquetazo de ajuste anti-popular, y por otra otra otra parte las principales organizaciones implicadas en la movilización son desde hace ya algún tiempo opositoras a Correa. Las acusaciones de Moreno son un último intento desesperado para restar legitimidad a la protesta. En realidad, el paquetazo de octubre ha sido solo la chispa que ha hecho estallar un levantamiento nacional cuyo combustible se había ido acumulando durante dos años de ataques y medidas antiobreras del gobierno de Moreno.
El movimiento ha dado importantes pasos adelante. Gran parte del país está paralizado por los cortes de carretera. Los indígenas han pasado de bloquear rutas a marchar hacia Quito. El poder del estado ha sido desafiado parcialmente. El levantamiento ha obligado al gobierno a abandonar la capital. La Asamblea Nacional ha suspendido sus sesiones. Sin embargo, no se ha conseguido la victoria todavía. El gobierno sigue en el poder, el paquetazo no se ha retirado.
La CONAIE ha declarado una Asamblea de los Pueblos en Quito y para el miércoles 9 de octubre una coalición de organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles ha convocado una huelga general en todo el país.
Del otro lado la oligarquía y el imperialismo agrupan sus fuerzas. El alcalde Guayaquil Nebot, que en un primer momento y de manera hipócrita había criticado las medidas de Moreno, ha hecho hoy un llamado “a la unidad para para defender la democracia, la paz, la libertad, las ciudades, las familias y los bienes”. A Nebot, un representante de la rancia oligarquía ecuatoriana y dirigente del burgués Partido Social Cristiano, lo que le interesa defender bajo el manto de la “democracia” y la “paz” son “los bienes”, es decir, la propiedad burguesa. Los EEUU también han corrido a apoyar a su títere con un comunicado en el que denuncian “la violencia como forma de protesta”. La prensa de la oligarquía miente y manipula acerca del carácter del movimiento.
El movimiento avanza y adquiere fuerza. Existen ya en la situación elementos insurreccionales: detención de efectivos policiales y militares, romper los bloqueos del ejército y la policía, la actuación de la guardia campesina, la huída del gobierno de la capital, la conformación de la Asamblea de los Pueblos. Es necesario fortalecer y extenderlos. Las organizaciones de obreros, campesinos y estudiantes deben formar un comando unitario de lucha. Hay que ampliar la Asamblea de los Pueblos con delegados electos y revocables de las fábricas, las comunidades, las universidades y escuelas secundarias, para que se convierta en un organismo de lucha y de poder. Hay que extender la guardia indígena, formando organismos de autodefensa obrera y campesina para defender las movilizaciones.
La alianza obrero campesina en el Ecuador en el pasado ha tumbado por lo menos a dos gobiernos que aplicaron paquetes de austeridad: el de Bucarám en 1997 y el de Mahuad en 2000. El potencial para repetir ese desenlace está implícito en la situación. Sin embargo es importante también aprender de las lecciones de esos acontecimientos. En ambos casos el movimiento revolucionario de las masas tumbó al gobierno burgués, pero no llegó a tomar el poder en sus propias manos. Como resultado, otro gobierno burgués tomó el poder, y cuando el movimiento de masas había retrocedido, volvió a aplicar las mismas políticas contra el pueblo trabajador.
La conclusión que hay que sacar es la siguiente: es necesario tumbar al gobierno de Lenín Moreno para derrocar su paquetazo. Pero no basta con eso. El paquetazo no es el resultado de “pura corrupción e ineptitud” como dice Correa. Es el resultado del impacto de la crisis del capitalismo en Ecuador, una economía subyugada al imperialismo y exportadora. Los trabajadores y campesinos deben de tomar el poder en sus propias manos para que los recursos del país se utilicen en beneficio de la mayoría. No basta con tumbar el gobierno, hay que quitarle a la oligarquía vendida al imperialismo su poder político y expropiarle su poder económico.
